Con una votación de 6 a 3 en el caso Mullin vs. Al Otro Lado, el tribunal revocó el criterio de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, la cual sostenía que “llegar a la frontera” equivalía legalmente a entrar al país. El juez Samuel Alito, redactor de la opinión mayoritaria, argumentó que la ley debe interpretarse en su sentido más común y literal.

Esta disputa jurídica deriva de una demanda colectiva iniciada en 2017 a raíz de la política de “metering” o sistema de cuotas, implementada bajo el mandato de Donald Trump, la cual obligaba a los solicitantes a esperar en México debido a los topes de recepción diaria en los puertos de entrada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor criticó fuertemente la decisión y advirtió que genera un incentivo contraproducente, puesto que envía el mensaje de que solo se puede pedir asilo si se logra cruzar la frontera de forma ilegal. Asimismo, el abogado Aaron Reichlin-Melnick lamentó el veredicto afirmando que la sentencia rompe con el tradicional llamado institucional que instaba a los migrantes a utilizar únicamente los puertos de ingreso formales para resguardar el orden procesal.

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El diplomático expresó gran preocupación por el nuevo pacto migratorio de la UE, señalando que la normativa amenaza con expandir el uso de detenciones, instaurar centros de retorno extraterritoriales y debilitar las salvaguardias contra las devoluciones forzosas.

Asimismo, alertó sobre restricciones de entrada aplicadas en Estados Unidos a jugadores, árbitros y aficionados en el marco del Mundial de fútbol, instando a las autoridades a garantizar la dignidad de todos ellos. En el ámbito regional, también denunció la expulsión masiva de refugiados afganos en Pakistán e Irán en abierta violación al derecho internacional.

El discurso de Türk también abordó el racismo sistémico global. Afirmó que, a seis años de la muerte de George Floyd, la discriminación policial contra afrodescendientes persiste en muchos lugares, desmintiendo las quejas de grupos nacionalistas blancos sobre presuntos dobles raseros.

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Finalmente, condenó las políticas de asimilación del régimen chino en Xinjiang, Tíbet y Mongolia, advirtiendo que su nueva ley de unidad étnica vulnera las libertades de idioma, educación, cultura y religión de estas minorías, por lo que exigió su urgente derogación.

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La nueva disposición implementa tarifas de inmigración y mecanismos de cumplimiento creados bajo la H.R.1, legislación aprobada con el objetivo de incrementar la financiación de las operaciones de aplicación de la ley migratoria y garantizar que los extranjeros cubran los costos de los servicios migratorios que reciben.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que, desde el 22 de julio de 2025, quedó establecida una tarifa de presentación para el Formulario I-589, correspondiente a la Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción, además de una Tarifa Anual de Asilo (AAF), la cual deberá ser cubierta cada año natural mientras la solicitud permanezca pendiente.

La regla final provisional establece consecuencias específicas para quienes no paguen dicha tarifa dentro del plazo establecido. De acuerdo con DHS, si el solicitante incumple con el pago de la AAF en los 30 días posteriores a la notificación, USCIS rechazará automáticamente la solicitud de asilo pendiente.

Asimismo, las autoridades advirtieron que, en caso de que el extranjero no cuente con un estatus migratorio legal en Estados Unidos, USCIS iniciará procedimientos de remoción en su contra.

Las sanciones también impactarán los permisos laborales vinculados al proceso de asilo. USCIS precisó que negará cualquier Formulario I-765 pendiente, utilizado para solicitar autorización de empleo basada en una solicitud de asilo activa. Además, quienes ya cuenten con un permiso de trabajo asociado al trámite perderán automáticamente esa autorización.

La regla incluye otros cambios relevantes en materia migratoria. Entre ellos, USCIS retendrá la tarifa de presentación del Formulario I-589 cuando una solicitud sea rechazada por errores en su presentación.

En el caso de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), la autorización de empleo quedará limitada a un año o al periodo restante de la designación TPS, lo que resulte menor.

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También se fijó una tarifa mínima de 24 dólares para la presentación del Formulario I-102, relacionado con documentos de entrada y salida de no inmigrantes.

DHS informó que recibirá comentarios del público sobre esta regulación hasta el 29 de junio de 2026.

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El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía comenzó a principios de abril del presente año el envío masivo de notificaciones a aquellos solicitantes de refugio que cruzaron la frontera sur a partir del 3 de junio de 2025. Según estimaciones oficiales, esta disposición legal podría afectar a cerca de 30.000 personas que se encuentran en un limbo jurídico tras las reformas aprobadas en marzo pasado.

El núcleo de la controversia radica en que la Ley C-12 elimina el derecho a una audiencia ante el Consejo de Inmigración y Refugiados (CIR) para quienes ingresaron bajo ciertas condiciones de irregularidad. Anteriormente, los solicitantes tenían la oportunidad de exponer sus casos de manera individual, un proceso que garantizaba un análisis exhaustivo de los riesgos de retorno. Sin embargo, bajo la presión del Bloque Quebequés (BQ), el Parlamento optó por suprimir este paso para desincentivar lo que consideran un “efecto llamada” desde Estados Unidos.

La carta enviada por las autoridades es explícita: “Debe abandonar Canadá lo antes posible y confirmar su salida con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Si no abandona Canadá, se podrá emitir una orden de deportación”.

La respuesta de los defensores de derechos humanos no se ha hecho esperar. Abogados de inmigración consultados por el diario The Globe and Mail han manifestado su profunda preocupación por el destino de estas familias. Al ser devueltos a territorio estadounidense, muchos migrantes corren el riesgo de ser detenidos de inmediato por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), enfrentando procesos de expulsión a sus países de origen en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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Incluso, algunos juristas han denunciado que las misivas del Ministerio contienen “declaraciones falsas” o engañosas que buscan coaccionar a los extranjeros para que renuncien a sus derechos remanentes.

Con la eliminación de las audiencias para quienes solicitaron refugio un año después de su llegada (aplicable a entradas posteriores a junio de 2024), Canadá cierra una de las puertas que históricamente la posicionaron como un refugio seguro, priorizando ahora la celeridad administrativa sobre el derecho al debido proceso migratorio.

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De acuerdo con la información, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos levantó parcialmente la suspensión para ciertos casos, específicamente aquellos considerados de bajo riesgo y provenientes de países que no figuran en listas de alta preocupación. La reactivación, sin embargo, no será generalizada ya que se mantendrán restricciones para un grupo significativo de solicitantes.

La decisión se encuentra dentro de un endurecimiento más amplio del sistema migratorio impulsado por la Administración del presidente Donald Trump. Este nuevo enfoque busca reforzar los procesos de evaluación mediante una revisión más exhaustiva en todas las etapas migratorias, incluyendo visas, residencias y solicitudes de ciudadanía.

El USCIS explicó que la “hiper-verificación” representa un fortalecimiento estructural del sistema de revisión conocido como “screening and vetting”. Este modelo amplía los criterios de riesgo, incorporando no solo aspectos criminales, sino también inconsistencias administrativas o fallas en la documentación presentada por los solicitantes.

La implementación de esta política responde a hallazgos internos del propio Gobierno, que detectaron deficiencias en evaluaciones anteriores. Según estas revisiones, algunos solicitantes habrían recibido beneficios migratorios pese a no cumplir completamente con los requisitos, lo que evidenció fallas en los mecanismos de filtrado.

Entre los puntos clave de la medida, que entró en vigor a partir de abril de 2026, se encuentra la exclusión de ciudadanos de 39 países, muchos de ellos previamente incluidos en prohibiciones de viaje. Para estos solicitantes, los procesos permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso.

Especialistas legales advierten sobre el impacto de estas decisiones. La firma Quiroga Law Office, PLLC señala que el objetivo principal del gobierno es concentrar recursos en la seguridad nacional y pública. Por su parte, Vasquez Law Firm destaca que la medida genera incertidumbre entre los solicitantes afectados, quienes deberán verificar cuidadosamente el estatus de su país de origen antes de avanzar en cualquier trámite.

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En este contexto, la política migratoria estadounidense entra en una nueva fase caracterizada por mayores controles y un enfoque preventivo, lo que podría redefinir el acceso al asilo en los próximos años.

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De acuerdo con la agencia, el objetivo principal de la medida es disminuir los incentivos para que extranjeros presenten solicitudes de asilo únicamente con el propósito de obtener autorización para trabajar en el país. Según un portavoz del DHS, durante años el sistema ha sido utilizado de forma indebida, lo que ha contribuido a la saturación del sistema migratorio.

“Durante demasiado tiempo, presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos”, señaló el funcionario, quien añadió que la revisión busca fortalecer el cumplimiento de las normas y reducir la acumulación de casos heredada de administraciones anteriores.

Las autoridades migratorias indicaron que las solicitudes de autorización de empleo basadas en casos de asilo pendientes han alcanzado niveles históricos, lo que ha incrementado la carga de trabajo para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Actualmente, la agencia tiene más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una cifra comparable a la población total del estado de New Hampshire.

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De aprobarse, la nueva regla modificaría los requisitos de elegibilidad y presentación para quienes soliciten permisos de trabajo vinculados a procesos de asilo.

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La notificación, difundida en el Registro Federal, actualiza la regla final denominada Vetos de Seguridad y Procesamiento, publicada originalmente en diciembre de 2020. Aunque su entrada en vigor fue aplazada en varias ocasiones, la versión revisada elimina disposiciones consideradas obsoletas, al tiempo que mantiene sin cambios los criterios prácticos relacionados con la salud pública.

De acuerdo con DHS y DOJ, los ajustes permiten conservar la facultad de negar el asilo y la suspensión de remoción cuando, en el contexto de una emergencia sanitaria, un solicitante pueda representar un peligro para la seguridad nacional. La regla final de 2025 entró en vigor el 31 de diciembre de ese mismo año.

Las agencias recordaron que, el 2 de diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspendió todas las solicitudes de asilo mientras se lleva a cabo una revisión exhaustiva del sistema. La nueva norma se presenta como un paso adicional dentro de ese proceso de evaluación.

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Según las autoridades, la medida se alinea con las prioridades de la Administración del presidente Donald Trump, al reforzar los mecanismos para impedir que personas que puedan constituir una amenaza para la seguridad nacional o la salud pública obtengan protección migratoria. Con esta aclaración normativa, el Gobierno busca fortalecer el control del sistema de asilo y garantizar que sus beneficios se otorguen únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos por la ley.

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Las autoridades acusan al extranjero de disparar el miércoles contra los dos uniformados y provocar la muerte de una de ellos, lo que desató una nueva ofensiva gubernamental contra los migrantes en Estados Unidos.

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el viernes en la noche que su agencia “frenó todas las decisiones de asilo” hasta que el gobierno pueda “garantizar que cada extranjero sea evaluado y examinado al máximo grado posible”.

La declaración de Edlow se produjo un día después que Trump anunciara planes para “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Al ser preguntado sobre qué nacionalidades serían afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional señaló a la AFP una lista de 19 países, incluyendo a Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania, que ya enfrentan restricciones de viaje a Estados Unidos desde junio.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el viernes que el país detuvo temporalmente la emisión de visas para todas las personas que viajan con pasaportes afganos.

“Estados Unidos no tiene una prioridad más alta que proteger nuestra nación y a nuestra gente”, dijo.

Controversia en EEUU

El tiroteo ha reavivado tres asuntos políticamente explosivos: el uso que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

El autor de los disparos, identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las “unidades cero” de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.

Jeanine Pirro, la fiscal federal para Washington, dijo el viernes que el hombre será acusado de asesinato por el ataque.

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, de acuerdo con la fiscal Pirro. 

Su ataque dejó dos heridos: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.

Beckstrom, una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, murió el jueves como consecuencia de sus heridas.

Wolfe seguía “luchando por su vida”, según Trump.

Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen.

Tarjetas de residencia

A última hora del jueves, Trump también amenazó con revertir “millones” de admisiones concedidas bajo su predecesor, el demócrata Joe Biden, en una nueva escalada de su postura antimigratoria.

Por separado, el USCIS dijo que volvería a examinar las “green cards” o tarjetas de residencia permanente emitidas a las personas que habían migrado a Estados Unidos desde los 19 países también mencionados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Más de 1,6 millones de titulares de tarjetas de residencia, aproximadamente el 12% del total de la población residente permanente, nacieron en los países enumerados, según datos de inmigración analizados por la AFP.

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Afganistán, que cuenta con más de 116.000 titulares de “green cards”, también se ve afectado por una suspensión total del procesamiento de solicitudes de inmigración, ordenada por la administración Trump después del tiroteo.

Según los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden tras la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán.

AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar a afganos en Estados Unidos tras la retirada militar, afirmó sin embargo que los ciudadanos del país asiático habían pasado por algunas de las verificaciones de seguridad más completas entre todos los migrantes.

Por: AFP

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Según el informe, Venezuela registró cerca de 245.000 solicitudes de asilo, seguida de Colombia con unas 157.000, consolidándose como los dos mayores países de origen dentro del conjunto de la OCDE. También figuran México (85.000), Haití (84.000), Nicaragua (82.000), Honduras (79.000), Perú (59.000), Ecuador (53.000) y Guatemala (49.000), todos dentro de los 15 primeros puestos globales.

La mayoría de las solicitudes latinoamericanas se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad del total de peticiones registradas en los 38 países miembros. En España, más del 60% de los solicitantes provenían de Venezuela y Colombia.

Pese a este aumento de peticiones de asilo, la OCDE reportó una leve disminución del 4% en los flujos migratorios permanentes hacia sus países miembros, con 6,2 millones de nuevos inmigrantes en 2024, frente a los 6,5 millones de 2023, considerado un año récord. Sin embargo, el organismo destacó que los desplazamientos de población permanecen en niveles “históricamente altos”, un 15% por encima de los registrados antes de la pandemia.

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La migración familiar se mantuvo como el principal motivo de residencia permanente, mientras que la migración laboral cayó un 21%. En promedio, el 77% de los inmigrantes estaban activos en el mercado laboral y menos del 10% desempleados.

Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido y España concentraron la mitad de la migración hacia los países de la OCDE, con EE. UU. recibiendo 1,42 millones de nuevos inmigrantes permanentes en 2024.

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El anuncio fue hecho por ambos gobiernos y marca un nuevo paso en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, quien ha impulsado convenios similares con países como El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda. Según el texto oficial, Washington podrá transferir a Belice a ciertos solicitantes de asilo mientras se resuelve su estatus migratorio.

El Departamento de Estado estadounidense calificó el acuerdo como “un hito importante” para combatir la inmigración ilegal y “poner fin al abuso del sistema de asilo”. La firma estuvo a cargo del ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, y de Katharine Beamer, encargada de negocios de la embajada de EE.UU. en Belice.

El gobierno beliceño explicó que el pacto se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la cual permite enviar a solicitantes de asilo a un tercer país considerado “seguro”. Fonseca precisó que el acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá ser cancelado por cualquiera de las partes. Además, Belice se reserva el derecho de rechazar casos individuales si lo considera necesario.

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Con este convenio, Belice se suma a otras naciones de la región —como Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras— que han aceptado recibir migrantes deportados o transferidos por Estados Unidos en el marco de acuerdos bilaterales.

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