El juez de distrito Nathaniel Gorton emitió una medida cautelar tras la demanda presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos.

La acción legal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) surgió a raíz de nuevas políticas derivadas de la ley presupuestaria de julio de 2025, las cuales recortaban la vigencia de las autorizaciones laborales de forma retroactiva. La medida afectaba directamente a migrantes de Venezuela, El Salvador, Sudán y Ucrania, quienes corrían el riesgo de perder el derecho a trabajar formalmente a partir del 22 de julio.

Los demandantes argumentaron que USCIS impuso restricciones ilegales y omitió el proceso obligatorio de consulta pública exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre los integrantes del grupo demandante destacan la Asociación Venezolana de Massachusetts, la National TPS Alliance y el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP).

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Aunque el fallo judicial autoriza a USCIS a mantener el cobro de las nuevas tarifas fijadas por la legislación de 2025, prohíbe taxativamente retirar autorizaciones o sancionar a los afectados mientras el proceso continúe.

La orden de emergencia permanecerá vigente mientras el tribunal analiza el fondo del asunto, y el juez evaluará antes del 5 de agosto si extiende la suspensión durante el resto del litigio legal.

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Esta alarmante cifra representa el 8,4% de toda la fuerza laboral del área metropolitana de Miami, lo que anticipa un golpe devastador para la estabilidad económica de la región si el gobierno de Donald Trump concreta sus proyectados cambios migratorios.

A nivel estatal, la situación es todavía más profunda. El estudio, citado por el Miami Herald y elaborado por el investigador Phillip Connor de la Universidad de Princeton, calcula que en todo el estado de Florida residen unos 541.000 trabajadores con solicitudes de asilo pendientes.

Este importante sector de la población aporta anualmente unos 22.000 millones de dólares a la economía de Florida, consolidando al estado como el territorio con la mayor población de trabajadores bajo esta condición migratoria en todo el país.

El impacto de las restricciones regulatorias propuestas por la actual administración federal se concentraría con especial fuerza en tres sectores productivos clave del sur del estado. La industria de la construcción lidera la dependencia con un 16,1% de su fuerza laboral bajo este estatus, seguida muy de cerca por el sector de transporte, almacenamiento y servicios públicos con un 13,8%, y el ramo del turismo y la hospitalidad con un 11,6%.

Crisis en el cuidado de adultos mayores

Sin embargo, los efectos de la reforma ya se hacen sentir con fuerza en los servicios de salud y el cuidado de personas mayores, un sector donde el personal de origen haitiano, amparado en muchos casos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), resulta indispensable.

Instituciones de prestigio regional como Miami Jewish Health, el sistema de salud para adultos mayores que administra el hogar de ancianos más grande de Florida, ya se han visto obligadas a reducir su capacidad en 120 camas debido a la pérdida de empleados que decidieron abandonar el país por temor a las nuevas medidas fiscales y migratorias.

Esta delicada situación también afecta a otras comunidades de retiro en la región, como John Knox Village en Pompano Beach. Los administradores de estos centros de salud advierten que la salida de empleados con más de una década de antigüedad interrumpe de forma drástica la continuidad de la atención médica y afectará directamente el bienestar diario de los adultos mayores residentes.

El endurecimiento de las políticas migratorias se ha ejecutado mediante dos medidas específicas implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional. En diciembre de 2025, la cartera redujo la vigencia de los permisos de trabajo a solo 18 meses para los solicitantes de asilo, revirtiendo la extensión de cinco años que había otorgado la administración anterior.

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Posteriormente, en febrero de 2026, se propuso una norma para pausar las solicitudes de permisos cuando los casos acumulen más de seis meses de retraso, forzando a los migrantes a esperar un año entero para recibir su autorización legal.

Expertos y asesores legales advierten que el efecto acumulado de estas políticas públicas hará casi imposible la obtención de una autorización laboral inicial, agravando la escasez de mano de obra y desestabilizando por completo el mercado regular del sur de Florida.

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Este acuerdo permite al gobierno de EE. UU. transferir a Ecuador a ciudadanos de terceros países que hayan ingresado ilícitamente a territorio estadounidense y busquen protección internacional. El objetivo del pacto es “garantizar el traslado digno, seguro y adecuado” de estos individuos, asegurando que no sean devueltos a sus países de origen.

Según el documento, Ecuador “acuerda no mandar de vuelta a ninguna persona (…) a su país de origen o de residencia habitual hasta que no se llegue a una decisión final sobre cualquier solicitud pendiente”. A su vez, el país andino se reserva la “total discreción” para aceptar, total o parcialmente, los grupos de solicitantes de asilo enviados por Washington.

Una exclusión clave es que EE. UU. “no trasladará menores no acompañados” a Ecuador. Por su parte, Ecuador se encargará de determinar el destino de los solicitantes que decidan abandonar sus demandas de asilo mientras permanezcan en el país.

Ambas naciones se comprometen a cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951.

Este convenio se enmarca en la estrategia migratoria de la Administración actual, que ha buscado acuerdos similares con otras naciones. Estados Unidos ha firmado pactos parecidos con países como Belice, El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda.

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El acuerdo se hace público semanas después de que EE. UU. anunciara una drástica reducción en la admisión de refugiados, limitando el número a apenas 7.500 personas, una cifra significativamente menor a las más de 100.000 aceptadas durante el mandato de Joe Biden (2021-2025).

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La medida restablece un estándar uniforme de investigaciones de seguridad y verificación de antecedentes, con el objetivo de reforzar la integridad del programa y detectar de manera más efectiva fraudes, falsas representaciones, amenazas a la seguridad nacional y riesgos a la seguridad pública. La acción se alinea con la Orden Ejecutiva 14161, enfocada en proteger a Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas.

“Les debemos a todos los estadounidenses el derecho a sentirse seguros y protegidos. Estamos volviendo a las políticas más estrictas y seguras de investigación de seguridad y verificación de antecedentes en nuestros procesos de asilo y refugio”, afirmó Matthew Tragesser, portavoz de USCIS.

La guía actualizada detalla varias circunstancias que pueden motivar una entrevista, entre ellas: imposibilidad de verificar la identidad del solicitante con los registros disponibles; reclamación de una nueva identidad o existencia de identidades conflictivas; evidencia insuficiente para confirmar el estatus de refugiado o sospecha de que se obtuvo mediante fraude; resultados de huellas dactilares del FBI que indiquen antecedentes que generen inadmisibilidad o dos registros inclasificables; necesidad de aclarar información para determinar la admisibilidad; vínculo con países designados como patrocinadores del terrorismo; o preocupaciones articulables de seguridad nacional relacionadas con terrorismo.

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Con este cambio, USCIS busca garantizar que los procesos de asilo y refugio se realicen con mayor rigor y transparencia, reforzando la confianza pública en el sistema migratorio y alineando sus procedimientos con las políticas de seguridad del gobierno federal.

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