La ley es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedan aún 644 tras las rejas, según la ONG Foro Penal.

“Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República”, señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.

Esto es lo que se sabe:

Unanimidad

La ley se aprobó por unanimidad. El partido de Maduro tiene mayoría absoluta, frente a un puñado de opositores que consiguieron cambios.

La sesión de hecho se atrasó dos horas y media en medio de negociaciones.

“Hoy ha sido, ayer y todos estos días, pero hoy muy especialmente un día de debate profundo”, dijo el diputado Rodríguez al inicio.

El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.

Mantiene que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en 27 años del chavismo, que “esté a derecho o se ponga a derecho”, es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

El nuevo texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

“Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fines del otorgamiento de la amnistía”, reza el texto.

La propia Delcy Rodríguez ha llamado a una reforma profunda del sistema.

Exclusiones

El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Fue aprobado.

El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.

También excluye a “las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

Venezuela fue bombardeada por Estados Unidos hace menos de dos meses.

La líder opositora Machado por ejemplo ha sido señalada en distintas oportunidades de llamar a invasiones, lo mismo de otros dirigentes como Leopoldo López.

Una fuente dijo a la AFP que una comisión especial creada en la ley estudiará esos casos de manera individual.

Machado está en Estados Unidos, tras pasar más de un año en la clandestinidad en Venezuela. López lleva en el exilio en España desde 2020.

Expertos independientes de Naciones Unidas subrayaron que la amnistía “debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional”.

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Huelga de hambre

Decenas de familiares acampan frente a las cárceles desde el primer anuncio de excarcelaciones, el 8 de enero. Muchos siguieron la sesión en silencio en sus teléfonos celulares, constató la AFP.

Los 448 que salieron recibieron libertad condicional, un punto sobre el que activistas hacen hincapié: la amnistía debe conceder libertad plena.

Una huelga de hambre que iniciaron el 14 de febrero un grupo de 10 mujeres, de las cuales quedaba una, finalizó con la aprobación de la ley.

Por AFP

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La alcaldesa Cherelle Parker indicó que su administración se mantiene firme en su visión de brindar un gobierno más interconectado a través de la tecnología y la innovación.

“El trabajo de la Unidad de Equidad Digital de la Oficina de Innovación y Tecnología para colaborar con cuatro oficinas gubernamentales y 18 organizaciones sin fines de lucro y universidades locales es un testimonio del poder de la conexión a través de la innovación en la ciudad. Sabemos que el acceso a la tecnología es esencial para que los residentes accedan a los servicios gubernamentales, la atención médica y la estabilidad económica”.

Esta financiación forma parte del Programa de Subvenciones Competitivas para la Equidad Digital de 1250 millones de dólares del presidente Joe Biden, un programa de equidad digital de tres partes autorizado por la “Ley de Equidad Digital”.

Ya sea acceso a Internet, nuevos dispositivos o habilidades digitales, los habitantes de Philadelphia necesitan recursos para prepararse para el futuro digital. La ciudad utilizará la financiación para dar los siguientes pasos en la transformación de las relaciones que tienen los residentes con la tecnología.

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En colaboración con 18 organizaciones sin fines de lucro y universidades locales, la Oficina de Innovación y Tecnología trabajará de manera interdepartamental con Parques y Recreación, la Biblioteca Gratuita y la Oficina de Educación del Alcalde, Educación para Adultos para asignar los $11,900,000 en fondos para combatir la equidad digital mediante:

• Conectando a miles de residentes necesitados con internet y dispositivos gratuitos o de bajo costo
• Aumentar la resiliencia digital al brindar programación de habilidades digitales intermedias y de acceso a miles de habitantes de Philadelphia
• Activación de cientos de voluntarios en las comunidades para compartir recursos y apoyar la capacitación en habilidades digitales
• Construir centros de acceso digital y deportes electrónicos en toda la ciudad para preparar a jóvenes y adultos para una fuerza laboral con habilidades requeridas que cambian rápidamente.

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La iniciativa fue impulsada en el marco de un enfrentamiento entre López Obrador y la Suprema Corte, que ha bloqueado leyes que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.

Aquí las claves de la reforma constitucional:

1. Elección popular

La parte medular y más controvertida es la elección popular de jueces y ministros, incluidos los de la Suprema Corte.

Serán elegidos en comicios extraordinarios, en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Hasta ahora los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, mientras el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras exámenes y concursos de méritos.

López Obrador asegura que la elección busca limpiar de corrupción a la justicia, pero la oposición, oenegés y Estados Unidos sostienen que socava la independencia judicial y deja a los jueces a merced del narcotráfico, que ya incide en la política.

2. Caso único

La proyectada elección de unos 1.600 jueces y magistrados federales, y de los miembros de la Suprema Corte, es un caso único.

“No existe en otros países”, señala Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y crítica del proyecto.

Si bien en Estados Unidos algunos estados eligen a los jueces locales, el caso más parecido al mexicano es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular. Sin embargo, un consejo de la judicatura designa allí a los jueces ordinarios.

Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).

3. Cirugía a la Suprema Corte

La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años.

Asimismo, elimina la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumple.

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4. Nuevo órgano de supervisión

La reforma elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.

Ese tribunal evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.

En México, donde diariamente se cometen unos 80 homicidios, la impunidad supera 90%, según la Suprema Corte, que ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar las capacidades de los órganos investigativos antes que impulsar una “demolición” del poder judicial.

5. Jueces sin rostro

La reforma incorpora a los jueces sin rostro o anónimos para preservar su seguridad e identidad en procesos contra el crimen organizado.

Sin embargo, esa figura es criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al considerar que impide conocer la idoneidad y competencia de los juzgadores.

Por: AFP

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“Después de meses de obstrucción por parte de los republicanos en el Congreso, finalmente podemos enviar ayuda a las comunidades en todo el país”, dijo Pelosi antes de suscribir la legislación en un acto en el Capitolio.

El proyecto de ley, que fue aprobado en la Cámara de Representantes el lunes con 354 votos a favor y 58 en contra (todos ellos republicanos), autoriza el desembolso de un paquete de ayudas que asciende a 19.100 millones de dólares.

El Senado ya aprobó la propuesta legislativa a mediados de mayo con un amplio consenso entre ambos partidos, aunque nueve senadores republicanos votaron en contra.

La legislación cuenta con el apoyo de la Casa Blanca, por lo que se espera que Trump la firme próximamente, a pesar de no contar con una enmienda que había solicitado para aportar más dinero a la protección de la frontera sur del país.

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En concreto, el paquete proporcionará cerca de 1.000 millones de ayuda para Puerto Rico, incluyendo 600 millones en fondos de emergencia para el programa de cupones de alimentos y más de 300 millones para reparaciones de infraestructura.

También incluye fondos de recuperación para los estados de Florida, California y otras regiones afectadas por desastres naturales en los últimos años.

A pesar de ser una legislación que disponía del respaldo de republicanos y demócratas, el paquete de ayudas estuvo estancado en la Cámara Alta durante varios meses por las exigencias de Trump.

En la Cámara Baja, los demócratas trataron de aprobar la ley por unanimidad en tres ocasiones, pero un legislador republicano se opuso cada vez.

Hace unas semanas, Trump argumentó que Puerto Rico había administrado mal la “amplia” ayuda que ha recibido después de la devastación causada en 2017 por el huracán María y criticó que se hayan asignado cantidades menores a otras áreas del país también damnificadas.

Un estudio encargado por las autoridades de Puerto Rico que fue publicado en agosto pasado elevó a 2.975 personas el número de muertos entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 como consecuencia del huracán María, aunque, según otros cálculos, superan los 3.000.

Esa cifra convierte al huracán María en una de las peores tragedias a causa de un desastre natural de la historia, muy por encima de los 1.880 fallecidos en Nueva Orleans por Katrina.

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