La normativa faculta a las fuerzas de seguridad a solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios privados con el objetivo exclusivo de detener a extranjeros con decretos de expulsión pendientes. Asimismo, autoriza a los organismos públicos a compartir información personal de indocumentados para facilitar las notificaciones oficiales.

El proyecto, presentado en 2024 durante la administración de Gabriel Boric, fue reimpulsado por el presidente de ultraderecha José Antonio Kast. El mandatario asumió el poder en marzo pasado tras una campaña centrada en la deportación de más de 330.000 inmigrantes irregulares que se estima residen en el país.

A pesar del endurecimiento del discurso oficial, que vincula la inmigración no reglamentada con el incremento de la criminalidad, las cifras operativas han sido limitadas. Durante sus primeros seis meses de gestión, el Ejecutivo apenas concretó la salida de unas 1.800 personas, principalmente nacionales de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

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La efectividad de la medida encuentra su principal desafío en la comunidad venezolana, que constituye el colectivo indocumentado más numeroso en territorio chileno. Pese al restablecimiento de relaciones diplomáticas acordado en julio entre ambos gobiernos, Chile no ha logrado plasmar dicha normalización en deportaciones efectivas de ciudadanos de esa nacionalidad, manteniendo un estancamiento en la aplicación total del plan migratorio.

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