“Hemos visto cómo la administración Trump y otros estados atacan el acceso a la salud reproductiva y a la atención de afirmación de género, e intentan imponer sus restricciones más allá de sus propias fronteras. Aquí en New Jersey no vamos a permitirlo: seguimos firmes defendiendo las libertades reproductivas, el derecho a elegir y el derecho a recibir atención de afirmación de género”, dijo la gobernadora Mikie Sherrill.

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El texto legislativo responde a las crecientes tensiones normativas entre distintas jurisdicciones del país. Con esta actualización, New Jersey busca impedir que medidas judiciales iniciadas fuera de sus fronteras afecten a quienes reciben o prestan estos servicios de salud de manera completamente legal dentro del territorio estatal.

“Nadie debería sentirse intimidado o violentado por buscar atención médica, y ningún profesional de la salud debería temer ser sancionado por otro estado por brindar una atención que aquí es completamente legal. Con esta legislación dejamos algo muy claro: en Nueva Jersey protegemos a nuestros pacientes, a nuestros proveedores y el derecho fundamental de cada persona a decidir sobre su propia salud”, agregó Sherrill.

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Para asegurar el funcionamiento continuo de los centros de atención y salvaguardar la integridad de los usuarios, las autoridades locales establecieron mecanismos concretos de protección:

• Seguridad física: Se clasifica como delito cualquier intento de bloquear accesos, intimidar o agredir a pacientes y personal médico, así como causar daños a la propiedad de las clínicas
• Respaldo judicial: Los afectados por interferencias en su atención sanitaria contarán con herramientas para interponer demandas civiles contra los responsables
• Protección profesional: Se prohíbe que las juntas de licencias o las aseguradoras de responsabilidad médica sancionen a los doctores por ejercer prácticas autorizadas en el estado

“New Jersey está comprometido con proteger la autonomía corporal y el acceso a la atención médica de todos”, dijo la fiscal general Jennifer Davenport. “Esta ley garantiza que cualquier persona que busque o brinde servicios de salud reproductiva o de afirmación de género en nuestro estado pueda hacerlo sin miedo al acoso o a la amenaza  ser sancionado”.

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Privacidad y resguardo

En materia de confidencialidad, la ley prohíbe la divulgación no autorizada de expedientes médicos vinculados a estos tratamientos. Al mismo tiempo, impide que las agencias gubernamentales de New Jersey colaboren en investigaciones criminales o demandas civiles impulsadas por otros estados que busquen castigar estos procedimientos.

Esta estrategia se suma a una asignación presupuestaria estatal superior a los 52 millones de dólares destinados a la planificación familiar y al funcionamiento del Centro de Información sobre Salud Reproductiva, una plataforma pública que orienta a los residentes sobre sus derechos sanitarios.

La propuesta legislativa contó con el respaldo de líderes del Senado y la Asamblea estatal, entre ellos Teresa M. Ruiz, Nick Scutari, Shanique Speight, Ellen Park, Annette Quijano y Luanne Peterpaul. Con su firma ejecutiva, las nuevas disposiciones entraron en vigencia de forma inmediata en todo New Jersey.

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La orden prohíbe al gobierno local proporcionar información o asistencia a cualquier investigación que busque penalizar a una persona, ya sea residente o visitante, que busque dicha atención en Philadelphia, excepto según lo exija la ley estatal o federal.

Kenney manifestó que, desde el inicio de su administración, se ha centrado en defender los derechos de la comunidad LGBTQIA+ en todas las áreas del gobierno.

“Esta Orden Ejecutiva, que protege a las personas que buscan, reciben y brindan atención médica que afirma su género, salvaguardará la dignidad y la igualdad de derechos de las personas transgénero y de género diverso, ya sea que llamen a Philadelphia su hogar o busquen atención en nuestra acogedora ciudad”.

Today, I signed Executive Order 4-23 to protect individuals seeking, receiving, and providing gender-affirming health care.

This EO will ensure transgender and gender-diverse people are protected and cared for with equal rights in Philadelphia. https://t.co/NeG7oS9hPa pic.twitter.com/7fD84xRh3W

— Mayor Cherelle L. Parker (@PhillyMayor) October 17, 2023

Según un comunicado, más de 60.000 personas se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o queer en Philadelphia, una ciudad que tiene una larga historia de activismo LGBTQIA+.

Recientemente ha habido una explosión de leyes anti-transgénero en todo el país que apuntan a negar a las personas transgénero y de género diverso el derecho a vivir como ellos mismos y a recibir atención médica que afirme el género, necesaria y a menudo vital.

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Ante esto, Philadelphia ratificó su compromiso de larga data de proteger el derecho de todas las personas a la privacidad y la autonomía corporal, y la Orden Ejecutiva No. 4-23 garantizará que las personas transgénero y de género diverso sean protegidas y atendidas con igualdad de derechos.

Celena Morrison-McLean , directora Ejecutiva de la Oficina de Asuntos LGBT, aseguró que la misión y deber de su departamento es defender a la comunidad a través de apoyop, educación y recursos.

“Este es un gran día para Philadelphia, ya que la ciudad declara públicamente con esta Orden Ejecutiva que no utilizará recursos para investigaciones fuera del estado relacionadas con la recepción o prestación de atención de afirmación de género”.

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Una vez más Robert Hinkle, juez federal del Distrito Norte de Florida, falló en contra una de las leyes promovidas por el gobernador Ron DeSantis que son opuestas a la identidad de género y los tratamientos para menores transgénero, ahora con la anulación de la citada prohibición.

A inicios de junio el juez Hinkle decidió excluir de la prohibición de recibir “bloqueadores de la pubertad” a tres menores de 18 años trans cuyos padres habían demandado al estado de Florida. En el escrito judicial del caso, el magistrado indicó que en caso contrario los menores “sufrirán un daño irreparable”.

En el mismo fallo previo el juez de Tallahassee recalcó que “la identidad de género es real”, algo que repite en la sentencia que invalida por completo la prohibición de recibir tratamientos de afirmación de género vía Medicaid.

“No existe una base racional para que un estado prohíba categóricamente estos tratamientos o los excluya de la cobertura de Medicaid del estado”, sentenció Hinkle en el segundo veredicto.

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Organizaciones de la comunidad LGTBQ calculan que existen aproximadamente  9.000 personas transgénero afiliadas a Medicaid, un programa de atención de salud sustentado en fondos federales y estatales.

El juez Hinkle dijo en su primera sentencia sobre este caso que las personas que de forma errónea creen que la identidad de género es una opción, también “tienden a desaprobar todo lo transgénero y, por lo tanto, se oponen a la atención médica que respalda la existencia transgénero de una persona”.

“Prohibir el tratamiento para menores ignora los riesgos que los pacientes podrían enfrentar”, en algunos casos, casi seguro, estados de “ansiedad y depresión e incluso ideas suicidas”, recalcó.

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