El gobernador Josh Shapiro enfatizó que todos los habitantes de Pennsylvania tienen derecho constitucional a tener aire limpio, agua pura y un medio ambiente saludable. “Gracias a estas inversiones de la Administración Biden, el estado podrá construir una infraestructura de energía solar confiable, sostenible y asequible, que ayudará a los residentes de bajos ingresos a ahorrar dinero en sus facturas de electricidad”.

Al mismo tiempo, esta inversión “reducirá la contaminación en nuestras comunidades. Mi administración está comprometida a tomar medidas reales para abordar la contaminación causada por el cambio climático, ayudar a Pennsylvania a mantener su independencia energética y reducir los costos para los habitantes”, aseguró Shapiro.

Se estima que la iniciativa Solar para Todos de la Autoridad de Desarrollo Energético de Pensilvania beneficiará a más de 14.000 hogares de Pennsylvania, ahorrará más de 192 millones de dólares en las facturas de electricidad de los habitantes durante los próximos 20 años y reducirá 43 millones de toneladas de emisiones de carbono durante los próximos 20 años.

Let's invest in our clean energy future, cut costs, and create energy jobs in the process — and let's continue to work together to write a new chapter of energy leadership here in PA.

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) April 22, 2024

Como referencia, según un comunicado de prensa, eso es el equivalente a las emisiones de gases de efecto invernadero de  diez millones de vehículos propulsados ​​por gasolina .

El programa Solar para Todos de Pennsylvania proporcionará tecnología solar residencial en áreas de bajos ingresos y almacenamiento asociado, brindará asistencia financiera y creará empleos energéticos bien remunerados.

La secretaria interina del Departamento de Protección Ambiental de Pennsylvania, Jessica Shirley, destacó que, a través del programa Solar para Todos, “llevaremos energía limpia y renovable a más comunidades, especialmente a aquellas que han soportado una carga de contaminación desproporcionada en el pasado”.

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La Administración Shapiro  adoptó el año pasado una política de justicia ambiental actualizada  que garantiza que todas las comunidades, sin importar su ubicación, demografía o riqueza, tengan igual acceso a las protecciones ambientales.

El programa Solar para Todos se basa en ese trabajo al garantizar que las personas más afectadas por la contaminación del cambio climático tengan acceso a estas inversiones en energía limpia, así como a las oportunidades laborales que conllevan esos nuevos proyectos.

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El objetivo de la indagación del ICE se realiza con el objetivo de no separar involuntariamente a los padres de sus hijos en la frontera sur o al realizar arrestos dentro del país.

En el memorando, Johnson también establece los derechos de los padres y tutores legales, incluido el derecho a los servicios y programas de bienestar infantil. Debido a que los inmigrantes que viven en el país sin estatus legal no suelen tener acceso a programas de bienestar como Medicaid, aún no está claro a qué servicios se refiere Johnson en su memorando.

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No obstante, se espera que el memorando vaya acompañado de una descripción más completa, aún por publicar.

Los padres y tutores legales que hayan sido deportados igualmente podrán regresar a Estados Unidos para participar en las audiencias judiciales relacionadas con sus derechos parentales.

Salvaguardar paternidad

Los agentes del ICE también recibirán una nueva formación para “salvaguardar los derechos de paternidad o tutela de los no ciudadanos que encuentren en el ejercicio de sus funciones”, afirmó Johnson en la nota.

Las direcciones dirigidas a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas constituyen las medidas más recientes abordadas por la administración Biden para impedir la ruptura de familias migrantes, práctica que llevó a cabo el ex presidente Donald Trump.

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De acuerdo a NBC News, más de 5.000 padres fueron separados de sus hijos bajo la política de “tolerancia cero” del anterior mandatario en 2018 y un programa piloto que comenzó en 2017, según los defensores de la inmigración.

Como agravante de la dramática situación migratoria generada por la aplicación de estas medidas, el manejo inadecuado de los registros no ha permitido que cientos de familias afectadas no hayan sido identificadas o reunidas, han dicho los defensores en las presentaciones judiciales.

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Dicha extensión será efectiva desde el 10 de septiembre de 2022 hasta el 10 de marzo de 2024 y comprende sólo los beneficiarios bajo la designación existente de Venezuela, y que ya residían en los Estados Unidos al 8 de marzo de 2021.Los venezolanos que llegaron a Estados Unidos después de esta fecha no son elegibles para el TPS.

Mayorkas se refirió a la extensión como parte del esfuerzo que realiza la administración Biden para brindar apoyo humanitario a los venezolanos. Explicó que la medida constituye una forma de enfrentar “los retos de la migración”.

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“Seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales para hacer frente a los retos de la migración regional al tiempo que garantizamos que nuestras fronteras sigan siendo seguras, “ afirmó Mayorkas en un boletín publicado por el DHS.

Casa de Venezuela complacida

Por su parte, Emilio Buitrago, cofundador de Casa de Venezuela, Filadelfia expresó su satisfacción por el anuncio del Estatus de Protección Temporal para sus compatriotas en la página de Facebook de la organización venezolana.

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“Recibimos con beneplácito y esta extensión del TPS por 18 meses adicionales y vamos a seguir luchando a la administración que cambien la fecha de designación para poder otorgarles cabida y protección a aquellos compatriotas que han llegado después del 9 de marzo de 2021”.

El próximo aviso del Registro Federal proporcionará instrucciones para volver a registrarse para el TPS y solicitar la renovación de un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Los venezolanos que actualmente son elegibles para el TPS bajo la designación existente, pero que aún no han solicitado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), deben presentar sus solicitudes antes de la fecha límite de solicitud del 9 de septiembre de 2022.

El requisito incluye a aquellos venezolanos que están cubiertos bajo la concesión de enero de 2021 de la Salida Forzada Diferida (DED). La DED de Venezuela expira el 20 de julio de 2022.

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Con esta medida la administración Biden relaja uno de los últimos mandatos gubernamentales destinados a contener la propagación del coronavirus.

De acuerdo a WHYY, un alto funcionario del gobierno dijo el viernes que el mandato expirará el domingo a las 12:01 a.m. EDT, agregando que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinaron que ya no es necesario.

La regla requería que todos los viajeros que llegaran a EEUU, incluyendo ciudadanos estadounidenses, mostraran una prueba negativa del COVID-19 antes de abordar sus vuelos hacia el país.

Kevin Muñoz, asistente de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que el requisito podría volver a implementarse si los CDC así lo determinan.

“Los CDC evaluarán su necesidad basado en la ciencia en el contexto de las variantes que estén circulando”, escribió Muñoz en Twitter.

El gobierno puso en marcha el requisito de la prueba el año pasado, ya que se alejó de las restricciones que prohibían los viajes no esenciales desde varias docenas de países, la mayor parte de Europa, China, Brasil, Sudáfrica, India e Irán, y en su lugar se centra en clasificar a las personas por el riesgo que suponen para los demás.

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Esta medida se ha unido a la exigencia de que los adultos extranjeros no inmigrantes que viajen a Estados Unidos estén totalmente vacunados, con limitadas excepciones.

El mandato inicial permitía a los que estaban totalmente vacunados mostrar una prueba negativa en los tres días siguientes al viaje, mientras que las personas no vacunadas debían presentar una prueba realizada en el día siguiente al viaje.

Meses de presión

Cuando la variante Ómicron se extendió por todo el mundo durante el mes de noviembre, el gobierno de Biden endureció el requisito y exigió a todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, que se sometieran a la prueba en el plazo de un día antes de viajar a Estados Unidos.

Las compañías aéreas y los grupos turísticos llevan meses presionando a la administración para que elimine el requisito de las pruebas, alegando que disuade a la gente de reservar viajes internacionales. Muchos otros países han suprimido los requisitos de las pruebas para los viajeros totalmente vacunados, en un intento de normalizar sus actividades turísticas.

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De esa forma el mandatario texano rechaza la política migratoria de la Administración Biden. La mayoría de los migrantes detenidos por las fuerzas fronterizas provienen de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Muchos de ellos tenían como destino Florida y Texas luego de abandonar sus países cuyos regímenes los mantienen en la miseria. “Al transportar migrantes a Washington DC la Administración Biden podrá satisfacer de manera más inmediata las necesidades de las personas a las que permite cruzar nuestra frontera”, señaló el gobernador Abbott.

As the Biden Administration fails, Texas continues to take unprecedented action to secure our border. pic.twitter.com/ZTwZP7UCIt

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 19, 2022

“Texas no debería tener que soportar la carga del fracaso de la Administración Biden para asegurar nuestra frontera”, añadió. Según Abbott, la decisión de la Casa Blanca de suspender las expulsiones bajo el Título 42, implementado bajo la Administración de Donald Trump como medida de contención ante la pandemia, pone en riesgo la seguridad del estado y del país.

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Texas, uno de los estados más afectados por la inmigración ilegal, seguirá con el envío de migrantes detenidos a Washington DC, exactamente al Capitolio, para que la Casa Blanca comprenda lo que viven todos los días los texanos con la llegada de miles de inmigrantes, indicó Abbott.

Organizaciones defensoras de la comunidad migrantes denunciaron que la medida del gobernador republicano responde a intereses personales por las próximas elecciones.

Entre los migrantes que llegaron a Washington DC se encuentra Karla, una joven venezolana que fue entrevistada por La Voz de América. Ella recuerda con estupor el haber cruzado el tapón del Darién, una espesa selva situada entre Colombia y Panamá.

No state has done more to secure the border than Texas. pic.twitter.com/8oJYTpKP8N

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 18, 2022

“En el transcurso de venir hasta acá, nosotros tuvimos que durar nueve días metidos en una selva. En esa selva no teníamos comida, agua solamente se encuentra en los ríos”, dijo la venezolana de 20 años.

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Pero, sin duda, dice que lo más traumático fue ver “niños muertos, mujeres embarazadas muertas, ya descompuestas”, además de dormir a orillas del río en carpa o, incluso, tener amenaza de aborto, tras la fatiga de tantos días caminando. Muchos arriesgan sus vidas con tal de huir de esos regímenes.

También recordó cómo tuvo que sortear el Río Bravo. “En ese momento, no estaba crecido, pero la corriente es demasiado fuerte. Cruzamos con niños; veníamos 26 venezolanos. De ahí nos tocó caminar un buen rato hasta llegar a una avenida y donde nos agarraron los militares de acá”.

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Los esfuerzos de Biden, que han sido eclipsados ​​en gran medida por otras iniciativas económicas y de salud, representan un cambio abrupto en contra de todo lo que la administración Trump hizo para reducir el programa.

Las medidas, algunas de las cuales fueron financiadas por el proyecto de ley de ayuda de covid que se aprobó en marzo, podrían impulsar aún más la inscripción en Medicaid, algo que la pandemia elevó a un récord de 80,5 millones en enero, incluidos los beneficiarios del Programa de Seguro Infantil para Niños (CHIP).

Eso es más de los 70 millones antes de que comenzara la crisis de covid. Las nuevas madres, presos y los inmigrantes indocumentados se encuentran entre los que podrían obtener cobertura. Al mismo tiempo, la administración Biden está abriendo la puerta a nuevos servicios financiados por Medicaid, como alimentos y vivienda, que tradicionalmente el plan de seguro del gobierno no ha ofrecido.

“Hay un cambio de paradigma en marcha”, dijo Jennifer Langer Jacobs, directora de Medicaid en Nueva Jersey, uno de un número creciente de estados que intentan expandir los servicios de Medicaid en el hogar para mantener a los beneficiarios fuera de los hogares de adultos mayores y otras instituciones.

“Hemos tenido discusiones a nivel federal en los últimos 90 días que son completamente diferentes de donde hemos estado antes”, dijo Langer Jacobs.

En conjunto, los movimientos de Medicaid representan algunos de los cambios más importantes en la política de salud federal emprendidos por la nueva administración.

“Están tomando medidas muy audaces”, dijo Frank Thompson, politólogo de la Universidad de Rutgers y experto en la historia de Medicaid. Thompson señaló, en particular, la rápida reversión de las políticas de Trump por parte de la administración. “Realmente no hay un precedente”.

Parece poco probable que la administración Biden logre lo que sigue siendo el santo grial para los defensores de Medicaid: que 12 estados que se resisten, incluidos Texas y Florida, amplíen la cobertura de Medicaid a adultos de bajos ingresos en edad laboral a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Y aunque algunas expansiones recientes, como la cobertura para las nuevas madres, fueron financiadas con cerca de $20 mil millones en nuevos fondos de Medicaid en el paquete de alivio de covid que Biden firmó en marzo, gran parte de ese nuevo dinero se detendrá en unos pocos años a menos que el Congreso asigne dinero adicional.

La estrategia de la Casa Blanca tiene riesgos. Medicaid, que creció después de la promulgación de la ley de salud de 2010, se ha expandido aún más durante la recesión económica causada por la pandemia. Los programas ahora cuestan a los contribuyentes más de $600 mil millones al año. Y aunque el gobierno federal cubrirá la mayor parte del costo de las expansiones respaldadas por Biden, el gasto creciente de Medicaid es una carga creciente para los presupuestos estatales.

Los costos de la expansión son un objetivo frecuente de los críticos conservadores, incluidos funcionarios de Trump como Seema Verma, ex administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que con frecuencia abogaba por restringir la inscripción y ridiculizaba a Medicaid por considerarlo una cobertura de baja calidad.

Pero expertos aún menos partidistas advierten que Medicaid, que fue creado para brindar atención médica a estadounidenses de bajos ingresos, no puede compensar todas las deficiencias en los programas gubernamentales de vivienda, alimentación y educación.

“Centrarse en los impulsores sociales de la salud … es de vital importancia para mejorar la salud y el bienestar de los beneficiarios de Medicaid. Pero eso no significa que Medicaid pueda o deba ser responsable de pagar todos esos servicios”, dijo Matt Salo, director de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid, y señaló que el financiamiento del programa “simplemente no es capaz de sostener esas inversiones”.

Sin embargo, después de cuatro años de esfuerzos de la administración Trump para reducir la cobertura, Biden y su equipo parecen tener la intención no solo de restaurar el apoyo federal para Medicaid, sino también de impulsar el alcance del programa.

“Creo que lo que aprendimos durante el debate sobre la derogación y reemplazo es cuánto le importa a la gente en este país el programa Medicaid y cómo es un salvavidas para millones”, dijo a KHN la nueva administradora de Medicare y Medicaid de Biden, Chiquita Brooks-LaSure. , llamando al programa una “columna vertebral de nuestro país”.

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La administración Biden ya retiró el permiso que la administración de Trump había otorgado a Arkansas y New Hampshire para imponer requisitos laborales a algunos afiliados a Medicaid.

En abril, Biden bloqueó una iniciativa multimillonaria de la administración Trump para apuntalar los hospitales de Texas que atienden a pacientes sin seguro, una política que, según muchos críticos, disuadió a Texas de expandir la cobertura de Medicaid a través de ACA (también conocida como Obamacare). Texas tiene la tasa de personas sin seguro más alta del país.

Las medidas han generado críticas de los republicanos, algunos de los cuales acusan a la nueva administración de pisotear los derechos de los estados de ejecutar sus programas de Medicaid como prefieran.

“Biden está reafirmando un papel federal más amplio y no cede ante los estados”, dijo Josh Archambault, miembro principal de la conservadora Foundation for Government Accountability.

Pero las primeras iniciativas de Biden han sido ampliamente aclamadas por defensores de los pacientes, expertos en salud pública y funcionarios estatales en muchos estados azules.

“Es un soplo de aire fresco”, dijo Kim Bimestefer, directora del Departamento de Política y Financiamiento de la Atención Médica de Colorado.

Chuck Ingoglia, director del Consejo Nacional para el Bienestar Mental, dijo: “Estar en un entorno en el que la gente habla de ampliar el acceso a la atención médica ha marcado una enorme diferencia”.

La creciente evidencia muestra que la cobertura ampliada de Medicaid mejora la salud de los beneficiarios, ya que las encuestas y los datos de mortalidad en los últimos años han identificado mejoras de salud más grandes en los estados que ampliaron Medicaid, en comparación con los estados que no lo hicieron.

Además de eliminar las restricciones de Medicaid impuestas por los funcionarios de la administración Trump, la administración Biden ha respaldado una serie de expansiones para ampliar la elegibilidad y agregar servicios que los afiliados pueden recibir.

Biden apoyó una disposición en el proyecto de ley de alivio de covid que brinda a los estados la opción de extender Medicaid a las nuevas madres hasta un año después de dar a luz. Muchos expertos dicen que dicha cobertura podría ayudar a reducir la tasa de mortalidad materna en el país, que es mucho más alta que las tasas de otras naciones ricas.

Varios estados, incluidos Illinois y Nueva Jersey, habían solicitado el permiso de la administración Trump para una cobertura más amplia, pero sus solicitudes nunca avanzaron.

La ayuda por covid, proyecto de ley que se aprobó sin el apoyo de los republicanos, también proporciona dinero adicional de Medicaid a los estados para establecer servicios móviles de crisis para personas que enfrentan emergencias de salud mental o uso de sustancias, ampliando aún más el alcance de Medicaid.

Y los estados obtendrán miles de millones más para expandir los llamados servicios basados ​​en el hogar y la comunidad, como ayuda para cocinar, bañarse y otras actividades básicas que pueden prevenir que los beneficiarios de Medicaid tengan que ser admitidos en costosos hogares de adultos mayores u otras instituciones.

Quizás las expansiones de Medicaid de mayor alcance que está considerando la administración Biden empujarían al plan de salud del gobierno a cubrir servicios que tradicionalmente no se consideran atención médica, como la vivienda.

Esto refleja un consenso emergente entre los expertos en políticas de salud de que las inversiones en algunos servicios no médicos pueden, en última instancia, ahorrar dinero a Medicaid al mantener a los pacientes fuera del hospital.

En los últimos años, funcionarios de Medicaid en estados rojos y azules, incluidos Arizona, California, Illinois, Maryland y Washington, han comenzado a explorar formas de brindar asistencia de alquiler a determinados beneficiarios de Medicaid para prevenir complicaciones médicas relacionadas con la falta de vivienda.

La administración Trump tomó medidas para respaldar esfuerzos similares, autorizando los planes de salud Medicare Advantage para ofrecer a algunos afiliados beneficios no médicos, como alimentos, ayuda para la vivienda y asistencia con los servicios públicos.

Pero los funcionarios estatales de todo el país dijeron que la nueva administración ha mostrado más apoyo tanto para expandir los servicios actuales ​​en el hogar como para agregar otros nuevos.

Eso ha marcado una gran diferencia, dijo Kate McEvoy, quien dirige el programa Medicaid de Connecticut. “Hubo mucha discusión en la administración Trump”, dijo, “pero no el capital para hacerlo”.

Otros estados esperan que la nueva administración respalde los esfuerzos para expandir Medicaid a los reclusos con problemas de salud mental y adicción a las drogas para que puedan conectarse más fácilmente al tratamiento una vez que son puestos en libertad.

Eric Friedlander, secretario de salud de Kentucky, , dijo que espera que los funcionarios federales aprueben la iniciativa de su estado.

California dice que está teniendo una audiencia más receptiva en Washington para propuestas como expandir la cobertura a inmigrantes que están en el país sin papeles, un paso que los expertos en salud pública dicen que puede ayudar a mejorar la salud de la comunidad y ralentizar la propagación de enfermedades transmisibles.

“Cubrir a todos los californianos es fundamental para nuestra misión”, dijo Jacey Cooper, director del programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal. “Realmente sentimos que la nueva administración nos está ayudando a garantizar que todos tengan acceso”.

La administración Trump tomó medidas para restringir incluso el acceso de inmigrantes con visa a la red de seguridad de la atención médica, fortaleciendo la regla de “carga pública” que permitía a las autoridades de inmigración negar las tarjetas de residencia a los solicitantes si usaban programas públicos como Medicaid. En marzo, Biden desestimó esa regla.

Por: Noam N. Levey y Phil Galewitz/KHN

La corresponsal de KHN, Julie Rovner, colaboró con este informe.

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF. KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.

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Quine hasta hace poco fue el 33° Fiscal General de California, es de ascendencia mexicana. Se une a otros latinos que han sido confirmados en el gabinete de Biden. Alejandro Mayorkas, nacido en Cuba y el primer hispano en encabezar el Departamento de Seguridad Interior (DHS). También Miguel Cardona, de sangre puertorriqueña, al frente del Departamento de Educación.

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Por su lado William Burns de 64 años, es uno de los diplomáticos más experimentados del país. Él obtuvo un amplio apoyo bipartidista. Fue confirmado por el voto unánime de los senadores. El sí llegó expedito después de que el republicano Ted Cruz levantara la reserva que había hecho a la nominación. Lo vinculó al cas del gasoducto de gas natural Nord Stream 2 de Rusia con Alemania.

Xavier Becerra azul puro

Becerra fue confirmado con 50 votos a favor y 49 en contra, todos republicanos. Los datos han sido extraídos de una nota de la Agencia AFP. Este abogado de 63 y raíces mexicanas escribió en Twitter sentirse “honrado”. Aseguró estar “listo” para encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Su despacho actualmente lidera la lucha nacional contra el COVID-19.

Los demócratas presentaron a Becerra como un defensor de la atención médica. Su gestión mejorará las condiciones de salud, la cobertura y la asistencia sanitaria de todos los estadounidenses.

Fue integrante de la Cámara de Representantes durante más de dos décadas. Luego fiscal general de California. Becerra ha sido un enérgico partidario de la política de salud del expresidente Barack Obama. Sabe que encarará la línea del exmandatario Donald Trump y los republicanos.

El nuevo Jefe de la CIA

William Burns tuvo su audiencia de confirmación en el Senado en enero. Aseguró que tenía un conocimiento profundo de la CIA, con la que ha trabajado habitualmente en su carrera.

Es el artífice del diálogo con Teherán que desembocó en el acuerdo nuclear internacional en 2015. En el momento consideró que EEUU debería “hacer todo lo posible para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear”.

La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, elogió a Burns. Dijo que es un “servidor público extraordinario”. Se ha ganado el respeto dentro y fuera del gobierno por sus varias décadas de servicio de Estados Unidos, según afirmó.

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Él junto a Xavier Becerra son ya parte de la administración de Joe Biden. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los republicanos se quejaron de la falta de experiencia de Becerra como profesional médico, aunque confirmaron a Alex Azar, un ejecutivo farmacéutico que “elevó los precios de los medicamentos y trató de socavar la legislación de salud de (la) nación”.

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Según un comunicado de la Casa Blanca emitido este domingo, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. estuvo en la frontera el sábado. Allí estuvo acompañado de 14 asesores en materia de fronteras e inmigración. Sobre el terreno evaluaron el aforo para la recepción de menores solo y familias. Asimismo analizaron las mejoras que deben hacerse para restaurar procedimientos seguros.

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También debatieron formas de asegurar el tratamiento justo y humano de los inmigrantes. Evaluaron la seguridad de los trabajadores migratorios.  Asimismo dialogaron sobre el bienestar de las comunidades cercanas, en un momento de pandemia global”.

Alejandro Mayorkas pieza por pieza

Al el Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. le tocará junto a su equipo recomponer pieza por pieza el desbaratado sistema migratorio. Alejandro Mayorkas tiene el reto de crear un procedimiento humanizado. Las señales que ha emitido la administración de Joe Biden ha animado a las personas del Triángulo Norte a la aventura.

Aunque la mayoría de los adultos que llegan a la frontera son expulsados inmediatamente. Aún está en vigencia el denominado “Título 42”. Es una medida amparada en la pandemia de la covid-19. Solamente a los menores y a algunas familias con niños se les permite entrar y solicitar asilo.

Parte de los jugadores del equipo de Mayorkas tienen un papel crucial en la creación de un procedimiento. En la escena estaban el secretario interino de Salud y Servicios Humanos, Norris Cochran. La Casa Blanca colocó en la lista a la viceasesora de inmigración de Biden, Esther Olavarria. También el el cuerpo de asesores estaba la directora de temas transfronterizos en la Casa Blanca, Kate Tobin, y la subdirectora de comunicación de la Casa Blanca, Pili Tobar.

Aumentan los arribos

Alejandro Mayorkas está consciente del desafío al que se enfrenta. Esta semana, los agentes migratorios detuvieron en varias ocasiones a más de 4.000 indocumentados por día. El número es casi el doble de las cifras que se registraban en enero. Así lo informó este domingo el diario The Washington Post.

Esta circunstancia ha aumentado la presión sobre las instalaciones del Gobierno que albergan temporalmente a menores no acompañados. Estaban al 94 % de su capacidad esta semana, según fuentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos -del que depende la agencia ORR- citadas por la cadena CNN.

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No obstante el Secretario de Seguridad Nacional se fue a la frontera sur con la mejor ayuda que se puede tener. Junto a él también estuvieron la asesora de seguridad interna de Biden, Susan Rice; la viceasesora de seguridad nacional del presidente, Liz Sherwood-Randall; la directora de la oficina de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, Julie Rodríguez, y la jefa de gabinete de la primera dama Jill Biden, Julissa Reynoso.

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La doctrina del abandono del antecesor de Joe Biden fue extremadamente acentuada. Durante su mandato esquivó a la Unesco, OMS, JCPOA, TTP, TLCAN (o NAFTA) por el lado internacional. También la OTAN y la ONU fueron severamente criticadas. Y a lo interno ACA y DACA estuvieron en la mira fulminante de su política interna.

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Sin embargo esta doctrina está en fase terminal. Según una nota de prensa de la AFP, EEUU buscará una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo expresó el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken.

Administración Biden vuelve a la ONU

Antony Blinken hizo la petición recientemente en videoconferencia. “Tengo el placer de anunciarles que EEUU buscará una banca en el Consejo de Derechos Humanos para el 2022-2024”.

“Pedimos humildemente el apoyo de todos los miembros de la ONU en nuestro deseo de tener una banca en esta institución”, dijo Blinken ante el Consejo.

En junio 2018, la administración Trump había anunciado que abandonaba la institución con sede en Ginebra. Además rompía nexo con el máximo órgano de la ONU encargado de la defensa de los derechos humanos. Lo hizo bajo la acusación de hipocresía y persecución a Israel.

Golpe de timón

La administración Biden desea cambiar las cosas. Regresasr al status quo. “Estados Unidos sitúa la democracia y los derechos humanos en el centro de su política exterior. Tales valores son indispensables para la paz y la estabilidad”, dijo Blinken.

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“Este compromiso tiene sus raíces en nuestra propia experiencia de una democracia imperfecta y a menudo por debajo de sus propios ideales. No obstante siempre tratando de convertirse en un país más unido, respetuoso y libre”.

 Blinken dio su exposición, en un tono que contrasta con el de su predecesor, Mike Pompeo, que a veces rozaba la arrogancia.

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El Post tiene una fuente confiable que le ha dicho que desde la Oficina Oval pronto saldrán órdenes que bajarán la presión en las deportaciones. El proyecto de directrices está a la espera de la aprobación del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Él es el funcionario de ascendencia hispana que fue confirmado por el Senado el martes.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se está preparando para emitir nuevas directrices a los agentes esta semana. Sobre esto ha escrito los periodistas Nick Miroff y Maria Sacchetti del Post.

Mayor control sobre el ICE

Según los aportes editoriales la administración Biden tiene un juego de directrices que impondrán mayor control sobre el ICE.  Las órdenes podrían frenar drásticamente las detenciones y deportaciones. El gobierno de Biden intenta afirmar un mayor control sobre una agencia a la que se le permitió una amplia latitud bajo el presidente Donald Trump. El Post ha verificado su fuente y posee memorandos internos y correos electrónicos.

Aunque los nuevos planes operativos del ICE aún no son definitivos, las instrucciones provisionales enviadas a los altos funcionarios apuntan a un cambio importante en la aplicación de la ley. Los agentes ya no deportarán en base a su discrecionalidad.

No podrán procesa a los ilegales incursos en conducción bajo la influencia o agresión. Al parecer solo se centrarán en las amenazas a la seguridad nacional. Incluye a los que hayan cruzado recientemente la frontera. También a las personas que estén cumpliendo penas de prisión y cárcel por condenas por delitos graves.

Qué está fuera de juego

Tae Johnson, director en funciones, ofreció un panorama a través de un correo electrónico. Aconsejó a los funcionarios sobre cómo actuar mientras se ultimaban las nuevas directrices. “Por lo general, estas condenas no incluirán los delitos basados en las drogas (delitos menos graves)”. Tampoco perseguirán la agresión simple, la conducción bajo los efectos del alcohol. Quedan fuera los casos de blanqueo de dinero, delitos contra la propiedad, fraude, delitos fiscales, la solicitación o los cargos sin condena”.

El gobierno de Biden está tratando de reorientar al organismo, una agencia de seguridad que ha visto sus prioridades oscilar de una administración a otra. Desea mayor control sobre el ICE. Pero sus funcionarios, frustrados, dicen que los cambios propuestos les quitarán discrecionalidad. Limitará a los agentes gravemente en su capacidad para detener y deportar a los delincuentes.

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Los agentes que quieran detener a fugitivos fuera de las cárceles y prisiones necesitarán una aprobación. Deberán recurrir previamente al director de la agencia en Washington. Tienen que justificar la decisión. Además explicar cómo la acción de aplicación de la ley “constituye una asignación apropiada de recursos limitados”, según un borrador de memorando que circula en la agencia.

“Han suprimido el ICE sin abolirlo”, dijo un funcionario angustiado que habló bajo la condición de anonimato. “La oscilación del péndulo es tan extrema. Literalmente, parece que hemos pasado de la capacidad de aplicar plenamente nuestras leyes de inmigración a que ahora nos digan que no apliquemos nada.”

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