La protesta comenzó con una misa bilingüe en la Iglesia Gesu, la parroquia católica más antigua de Miami, desde donde los participantes caminaron por varias calles del centro portando pancartas con mensajes como “¡No están solos!”, “Los refugiados e inmigrantes son bienvenidos aquí” y “Jesús era un refugiado y le diste la bienvenida”. Durante el recorrido, se elevaron oraciones por las personas migrantes y sus familias, muchas de ellas afectadas por detenciones recientes.

Frente a la corte migratoria, los sacerdotes y feligreses recordaron la muerte de 32 migrantes bajo custodia del ICE durante 2025 y de seis más en lo que va de 2026. También mencionaron los casos de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses que, según denunciaron, murieron tras ser baleados por agentes migratorios en Minneapolis, Minnesota. Estos hechos, afirmaron, evidencian un patrón de uso excesivo de la fuerza y de deshumanización.

Brian Strassburger, sacerdote jesuita de Brownsville, en la frontera entre Texas y México, señaló que las comunidades están “experimentando el impacto devastador de políticas migratorias inhumanas”, que afectan no solo a personas indocumentadas, sino también a familias enteras con años de arraigo en el país. “Venimos a pedir la gracia y el valor de defender la dignidad de todas las personas, porque somos una sola familia humana”, expresó.

Contra el temor y la ansiedad

La movilización en Miami ocurre días después de que más de 100 miembros del clero fueran arrestados en una protesta contra las deportaciones en el aeropuerto de Saint Paul-Minneapolis, un hecho que generó reacciones de organizaciones religiosas a nivel nacional. Líderes católicos recordaron que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ya había advertido en noviembre pasado sobre un “clima de temor y ansiedad” entre las comunidades migrantes ante prácticas de perfilamiento y aplicación estricta de las leyes migratorias.

Ellie Hidalgo, codirectora del grupo Discerning Deacons, afirmó que los valores cristianos obligan a alzar la voz en defensa de los migrantes. “Jesús enseñó a amar al prójimo y a acoger al extranjero. Estos principios están siendo ignorados”, sostuvo, al tiempo que denunció separaciones familiares en Florida, incluso de hogares con décadas de residencia, empleo estable y vínculos comunitarios.

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Aunque el gobernador Ron DeSantis ha reiterado su respaldo a ICE y ha destacado el arresto de miles de migrantes en el estado, los líderes religiosos insistieron en que la seguridad no debe lograrse a costa de la dignidad humana. La procesión en Miami, señalaron, busca visibilizar estas denuncias y llamar a un cambio en la forma en que se ejecutan las políticas migratorias en el país.

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Defensa CD dará continuidad al trabajo desarrollado por el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), con el propósito de fortalecer la documentación de casos dentro de Cuba y mejorar los mecanismos para llevar las denuncias ante instancias regionales e internacionales. Según explicó el activista Yunier Suárez, director del área de monitoreo de represión, la entidad contará con dos secciones principales: un observatorio de libertad religiosa y una unidad especializada en reportar actos de represión.

“El objetivo es ampliar el trabajo del FDP y funcionar como una herramienta que recopile denuncias contra el régimen, especialmente aquellas que violan derechos humanos y que van ‘in crescendo’ año tras año”, señaló Suárez. Añadió que el equipo ha identificado patrones cada vez más graves en el trato a los prisioneros políticos, que incluyen “aislamiento prolongado y negación deliberada de atención médica”.

Por su parte, Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias, precisó que Defensa CD no solo recopilará información, sino que también actuará para activar mecanismos de protección. “Buscamos visibilizar y proteger dentro de las herramientas que establece el sistema interamericano para las víctimas. Eso incluye gestiones para llamados urgentes o medidas cautelares”, afirmó.

Los activistas advierten que el impacto represivo no se limita a los presos políticos. Cada vez con mayor frecuencia —señalan— familiares de detenidos también son objeto de intimidación, vigilancia o amenazas. La organización pretende acompañar tanto a personas individuales como a grupos de la sociedad civil cuyos testimonios puedan aportar información sobre violaciones ocurridas en la isla.

El evento contó con la participación de figuras clave del activismo cubano, entre ellas Stuardo Ralón, comisionado para Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); José Daniel Ferrer, coordinador de UNPACU y expreso político de la Primavera Negra; y Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide y comisionada electa de la CIDH. Ferrer, liberado recientemente tras un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, llegó a Miami en octubre como refugiado político.

Otras organizaciones en Florida

Florida, y particularmente Miami, alberga una amplia red de organizaciones del exilio enfocadas en la defensa de los derechos humanos en Cuba. Entre ellas destaca la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), con sede en Miami, conocida por su labor de apoyo a presos políticos y a sus familias, así como por programas de documentación de abusos y campañas de incidencia internacional.

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Otra entidad activa es el Directorio Democrático Cubano, que opera desde el sur de Florida y mantiene un sistema de monitoreo permanente sobre detenciones arbitrarias, vigilancia y actos de hostigamiento contra activistas dentro de Cuba. La organización colabora regularmente con redes de opositores en la isla para verificar denuncias y aportar evidencia a instituciones internacionales.

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Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), denunció en días pasados que los traficantes cobran entre 10.000 y 15.000 dólares por viaje hacia la frontera sur de EE.UU., lo que ha desencadenado una guerra entre cárteles criminales por el control de este negocio. “La mitad de ese botín se disputa en una lucha intestina, incluso con la participación de la policía chiapaneca”, afirmó.

A pesar de las medidas estadounidenses, García Villagrán explicó que los migrantes siguen cruzando por el río Suchiate desde Guatemala y son trasladados hacia el norte, demostrando que la migración irregular continúa activa.

Migrantes como la cubana Ghislayne Jiménez Moret relatan haber pagado miles de dólares a “coyotes” para llegar hasta Tapachula. Jiménez, psicóloga de profesión, trabaja más de 17 horas diarias en una empacadora para cubrir sus gastos, según dijo a un medio de comunicación local. Por su parte, Fredy Lozano, migrante ecuatoriano, denunció por el mismo medio, extorsiones por parte de autoridades migratorias durante su trayecto y ahora sobrevive limpiando vidrios mientras espera regularizar su situación.

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Las políticas de Trump, que incluyen la eliminación del parole humanitario para varios países y la aplicación CBP One, han dejado a más de medio millón de personas en un limbo legal o en situación irregular, intensificando la crisis humanitaria en la región.

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Una comisión criticada

A finales de 2014, el papa Francisco creó una comisión internacional consultiva de expertos para la protección de menores, compuesta por religiosos y laicos, a la que encargó redactar este informe en 2022.

Esta estructura recibió duras críticas y varios de sus miembros dimitieron, incluido el más influyente en 2023, el sacerdote jesuita alemán Hans Zollner. Este denunció una “falta de claridad” y las “informaciones insuficientes y la vaga comunicación” que rodean al proceso de toma de decisiones.

2018, punto de inflexión

A principios de 2018, el viaje del papa a Chile, un país entonces indignado por el encubrimiento de los escándalos, constituyó un rotundo fracaso que fue visto como un punto de inflexión en el pontificado.

Francisco, mal informado, defendió a un obispo chileno sospechoso de haber ocultado los crímenes de un sacerdote y pidió pruebas a las víctimas, antes de presentar una disculpa personal por sus desafortunados comentarios –algo inédito para un papa– y de enviar a Chile a un investigador.

El caso desembocó en exclusiones y dimisiones en el seno de la Iglesia chilena.

El caso McCarrick

En agosto de 2018, el papa fue criticado con una virulencia sin precedentes por su supuesto silencio sobre el comportamiento del influyente cardenal estadounidense Theodore McCarrick.

Este último, acusado de agresiones sexuales contra menores, perdió su título de cardenal antes de ser expulsado por el papa, un castigo sin precedentes en la historia de la Iglesia.

Dos años más tarde, el Vaticano publicó una larga investigación sobre McCarrick, en la que admite errores cometidos en la cúpula, pero exime a Francisco.

Una reunión inédita

En febrero de 2019, el papa convocó en el Vaticano a los presidentes de 114 conferencias episcopales y a responsables religiosos del mundo entero para una reunión inédita de cuatro días sobre “la protección de menores”.

Esta reunión estuvo marcada por los espantosos testimonios de víctimas y por las fuertes críticas a los encubrimientos de la Iglesia.

Francisco prometió “una lucha a todos los niveles” frente a “crímenes abominables” y se comprometió a una política de tolerancia cero.

Reformas legales

A finales de 2019, el papa eliminó el secreto pontificio sobre las agresiones sexuales a menores. Las denuncias, testimonios y documentos de los juicios internos en la Iglesia pueden entregarse ahora a la justicia civil, aunque no hay ninguna obligación. Las víctimas pueden acceder a su expediente y a la sentencia.

Con el texto “Vos Estis Lux Mundi” (“Ustedes son la luz del mundo”), el jesuita argentino hizo obligatorio comunicar en la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o de acoso, y cualquier intento de ocultación por parte de la jerarquía.

En 2021, la Iglesia modificó su ley en materia de sanciones penales que databa de 1983 con un artículo explícito sobre los delitos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores y personas discapacitadas.

Pero las víctimas continuaron lamentando que el clero no estuviese obligado a denunciar posibles crímenes ante la justicia civil, a menos que le obliguen las leyes del país. El secreto de la confesión siguió siendo absoluto.

Un balance a media tinta

Desde Chile a Portugal, Francisco se reunió con numerosas víctimas y multiplicó los llamados a la capacidad de escuchar y a las peticiones de perdón.

Aunque es el papa que emprendió más acciones contra esta lacra, nunca reconoció las causas “sistemáticas”, es decir inherentes a la Iglesia.

También se mostró muy distante con el informe de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) publicado en 2021 en Francia, a cuyos miembros nunca recibió, pidiendo “prudencia” ante las cifras de 330.000 personas agredidas en la Iglesia cuando eran menores entre 1950 y 2020.

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Su actitud también fue señalada en otro caso en 2022: Marko Rupnik, influyente sacerdote y artista esloveno y jesuita, fue acusado por monjas de agresiones sexuales y psicológicas cometidas a principios de los años 1990. Bajo presión, Francisco levantó la prescripción en 2023 para abrir un procedimiento contra el clérigo.

Por: AFP

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Unas cien personas caminaron unos dos kilómetros desde la Casa del Migrante Sin Frontera en Tecún Umán, en el oeste de Guatemala y luego cruzaron el fronterizo río Suchiate en las mismas barcazas que utilizan los migrantes en sus recorridos para después asistir a una misa en un templo de la Ciudad Hidalgo en México.

El objetivo “es la sensibilización sobre la dinámica migratoria”, declaró a la AFP el coordinador de la Casa del Migrante, Gemayel Fuentes. “Lo que buscamos es que los migrantes sean reconocidos no sólo desde su país de origen, sino en el país de tránsito y destino”, agregó.

El río Suchiate, de unos 150 metros de ancho, es cruzado diariamente por migrantes en precarias balsas fabricadas con neumáticos de camiones.

Los migrantes “huyen” de sus países por “las constantes represalias, la violencia, el hambre, la falta de empleo y de salarios dignos”, dijeron las diócesis de San Marcos (Guatemala) y Tapachula (México) en un comunicado conjunto.

En busca de mejores condiciones de vida, los migrantes cruzan “montañas, desiertos, selvas y ríos, exponiendo sus vidas al peligro, huyendo de las guerras, la persecución política, el hambre y la falta de oportunidades en todo ámbito social”, indicaron.

Las diócesis afirmaron que “en Chiapas, los migrantes están a disposición de los cárteles porque libremente los roban, los extorsionan, los secuestran y los asesinan a la vista de las autoridades”.

También sufren “cobros excesivos, retenes ilegales, discriminación, abusos sexuales y trata y tráfico de menores”, todo ello por la falta de políticas de atención a esos problemas, agregaron.

La Casa del Migrante, abierta en 1996, cada día recibe a unas 150 personas de distintas nacionalidades a quienes brinda gratuitamente hospedaje, alimentación, medicamentos, atención médica, laboratorio, llamadas, internet y asesoría legal, entre otros servicios, detalló Fuentes.

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El año pasado fueron atendidos 30.122 migrantes y en lo que va de este año ya sobrepasaron los 31.000, precisó.

Centroamérica y México sirven de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó “patrones constantes de abuso verbal, discriminación racial, represalias y acoso” a los migrantes detenidos por parte del personal de las instalaciones penitenciarias, indicó la ACLU Florida en un comunicado.

We appreciate CRCL’s attention to this matter and urge ICE to stop tolerating these ongoing, egregious abuses.”https://t.co/cmTlVFcQs3

— ACLU of Florida (@ACLUFL) March 4, 2024

La organización asegura en el texto que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS reconoce que a lo largo de sus investigaciones ha encontrado hallazgos preocupantes respecto de “la salud y el bienestar de las personas detenidas” en Baker.

En octubre de 2022 la CRCL reveló en un informe de que “las nuevas acusaciones” mostraban patrones consistentes identificados anteriormente: abuso verbal y emocional por parte del personal de la instalación, discriminación racial, importantes problemas de acceso al idioma y barreras continuas para acceso legal”.

La instancia recomendó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense tomase una serie de acciones inmediatas para solucionar los problemas citados.

Durante los últimos años las quejas sobre supuesto maltrato y abuso de los internos en este centro de detención se han ido acumulando hasta el punto que en noviembre de 2023 un grupo de inmigrantes indocumentados inició una huelga de hambre para llamar la atención y denunciar la situación.

Conscientes del abuso

En 2023 la ACLU Florida presentó ante el DHS una solicitud para obtener información sobre los resultados de sus investigaciones en el referido centro de detención, aunque la organización era consciente “desde hace mucho tiempo de que las personas sufrían allí (en Baker) una amplia gama de abusos”.

Dijeron que el grupo de inmigrantes que se declaró en huelga de hambre el año pasado lo hizo por las amenazas de confinamiento solitario y la escasa alimentación que recibían, con comidas que consistían solo en “una cucharada de carne, frijoles y zanahorias”.

En aquel momento la ACLU Florida remitió una carta al ICE en la que solicitaba a esta agencia federal que llevara a cabo una investigación y tomase medidas correctivas.

Ocurrió que cuando algunos inmigrantes reclamaron una cantidad suficiente de alimentos y amenazaron con iniciar una huelga de hambre si la situación no cambiaba en el comedor, “los funcionarios de Baker supuestamente tomaron represalias amenazando con el confinamiento solitario”, según la ACLU.

“Durante años, la ACLU de Florida ha estado investigando las atroces violaciones de derechos humanos que el personal de Baker está cometiendo repetidamente contra las personas bajo su cuidado”, expuso en el comunicado Amy Godshall, miembro del equipo legal de la ACLU Florida.

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“Personalmente, he pasado innumerables horas hablando con personas detenidas por ICE y actualmente en Baker sobre las condiciones de su confinamiento, y se puede escuchar la desesperación en sus voces”, aseguró Godshall.

Según la ACLU, las investigaciones del CRCL describen “las condiciones y la forma” en que los guardias tratan a los reclusos, “como una guerra psicológica destinada a lograr que se autodeporten”.

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El productor puertorriqueño y creador de la banda, Edgardo Díaz ha sido objeto de denuncias desde hace varias décadas, sin embargo, esta es la primera vez que varios exmiembros hacen juntos una denuncia pública y detallada de lo que se vivió en Menudo.

La banda fue creada en 1977 y desde entonces han pasado por sus filas 32 jóvenes, entre los 11 y 18 años. A pesar de tener al menos una decena de testimonios, hubo un nombre que no apareció entre las voces que denunciaron: Ricky Martin, y se siente la ausencia del astro, pero los directores de Menudo: Forever Young Ángel Manuel Soto y Kristofer Río supieron hilvanar una cantidad importante de visiones e historia.

Menudo: Forever Young had its world premiere at the 2022 #TribecaFilmFestival! The four-part documentary premieres June 23rd on HBO Max 💜🕺🏽💜🕺🏽 pic.twitter.com/v6Fg4Df6tK

— Pa'lante! Max (@PalanteMax) June 19, 2022

Las denuncias empiezas con explotación. Largas jornadas de trabajo, sin descanso y a veces sin que los jóvenes pudieran comer. Además de irregularidades en sus contratos: los primeros integrantes eran socios, los nuevos miembros no obtuvieron ese mismo beneficio y recibían un pago mensual, pero en el último grupo de jóvenes, tenían suerte si cobraban $250 mensuales, por la misma cantidad de trabajo.

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De hecho, esa última generación tuvo que lidiar con las consecuencias de despilfarro anterior al punto de tener que grabar sus propios videos musicales en calles vacías de Nueva York, sin equipos adecuados, sin coreógrafo. En un momento los 5 miembros renunciaron por incumplimiento de contrato.

Drogas y descontrol adolescente

La noticia de drogas dentro de la agrupación fue pública y escandalosa. Sergio Blass y Rubén Gómez fueron expulsados de la organización luego de que perros antidrogas detectaron marihuana en sus equipajes en un aeropuerto.

Pero Sergio es otro de los integrantes que cuenta su estadía en la agrupación y su historia. Explicó que viajaban con drogas regularmente y además tenían sexo con las fanáticas. La supervisión no existía para estos jóvenes, por ejemplo, explicó que en Colombia un extraño les llevó un paquete de cocaína.

Rawy Torres recuerda la detención de Rubén Gómez y Sergio González en el aeropuerto de Miami por posesión de drogas y cuenta oscuros pasajes de su experiencia en Menudo. #Ventaneando 📺

Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/uoIlX6PXuH

— Ventaneando (@VentaneandoUno) October 19, 2020

Cuando el río suena…

En 1991, Ralphy Rodríguez fue el único Menudo que confrontó a su exmánager sobre los abusos físicos y por no recibir los pagos correspondientes por derechos de imagen. Ya se había hablado en un programa de Puerto Rico, pero fue en el programa de Cristina Saralegui cuando se dejó entredicho que Edgardo seguía siendo el poderoso y dominando la narrativa.

También estuvo el padre de Rodríguez y el de Raymond Acevedo, otro exintegrante de la banda. Díaz tenía el apoyo de los medios de comunicación, así se demostró en el programa cuando Cristina hizo un comentario en apoyo a Edgardo.

Abuso Sexual

Angelo García tenía 11 años cuando entró a Menudo. Fue uno de los que denunció abuso sexual y además estuvo a punto de morir porque no le prestaron atención médica a tiempo. En 2014, Roy Roselló dijo en un programa brasileño que perdonaba a su exmanager por los abusos y la explotación.

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Lorenzo conoció el lunes por la tarde la orden contra él emitida por la jueza Marcela Garmendia, por abusos que presuntamente cometió hace más de diez años cuando fue cura en la ciudad de La Plata. Ese mismo día el cura se quitó la vida de un disparo en el corazón con una pistola calibre 32 en una de las sedes de Cáritas en la ciudad de La Plata, confirmó la fiscal de la causa Ana Medina.

La Justicia empezó a seguir el caso en 2008 cuando un denunciante, que negó haber sido víctima directa del párroco, relató situaciones de insinuaciones por parte del sacerdote a otro chico, pero finalmente casi una década después, aceptó haber sido una de las víctimas de abuso.

A partir de ese momento, el caso se activó, aparecieron otras supuestas víctimas y testigos y todo esto derivó en la orden de detención.  Las autoridades no apresaron inmediatamente a Lorenzo porque la defensa de sacerdote presentó un recurso para eximirlo de prisión y aunque la jueza del caso lo rechazó, la orden no podía efectuarse hasta que quedara en firme.

Desde el Arzobispado de La Plata lamentaron en un comunicado emitido este martes la muerte de Lorenzo. “Ante la muerte de nuestro hermano Eduardo Lorenzo, que se quitó la vida después de largos meses de enorme tensión y sufrimiento, solamente nos cabe unirnos en oración por él para que el Dios de la vida lo reciba en el amor infinito. El mismo Señor nos ayudará a comprender algo en medio de este misterio oscuro, y nos enseñará algo aún a través de este dolor”, expresó el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández.

“Acompañamos con la plegaria a sus familiares, amigos y a quienes lo apreciaban como sacerdote. Más allá de que no se había concluido un juicio por las acusaciones presentadas, también oramos por quienes puedan haberse sentido ofendidos o afectados por él”, añadió el prelado.

El sacerdote Eduardo Lorenzo había negado los abusos. “Yo no soy un pedófilo”, se defendió hace una semana ante una consulta del diario La Nación. “Estoy demolido, estoy en un momento de mi vida espantoso”, agregó.

El sacerdote fue capellán penitenciario y fue párroco de distintas iglesias de la provincia de Buenos Aires. Las denuncias de abusos sexuales de al menos cinco adolescentes se remontan a los años 90 y a 2008.

Lorenzo estaba bajo investigación canónica y tenía licencia en su desempeño como párroco y la prohibición de realizar actividades con menores de edad.

En noviembre la justicia argentina dictó las condenas más elevadas de su historia a curas abusadores al sentenciar al octogenario italiano Nicola Corradi a 42 años de cárcel y al argentino Horacio Corbacho a 45 años por múltiples abusos a niños sordos del Instituto Antonio Próvolo en la provincia de Mendoza, en el oeste argentino. Corradi había sido denunciado décadas atrás sin que hubiera consecuencias penales o en la justicia canónica.

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En Filadelfia estas empleadas tienen una lucha sostenida y son parte de la Alianza de Trabajadoras Domésticas de Pensilvania, una organización que se dedica a examinar las cuestiones sistémicas que contribuyen al robo de salarios, la discriminación, el acoso sexual y otros abusos en el lugar de trabajo a los que se enfrentan muchas trabajadoras del hogar/domésticas.

Un movimiento nacional

Desde luego esta es una lucha que tiene escenarios en todo el país, y está a punto de un desenlace interesante debido a que será el Consejo de la Ciudad de Filadelfia que tendrá la última palabra sobre la aprobación de la propuesta de Declaración de Derechos de las Trabajadoras Domésticas de la Ciudad del Amor Fraterno.

Si la iniciativa impulsada por el Comité de Trabajo y Servicio Civil del Consejo de la Ciudad de Filadelfia avanza, el proyecto de ley pasará a una votación completa más tarde en la sesión de otoño del Consejo de la Ciudad.

Las trabajadoras domésticas están empeñadas en hacerse visibles. Durante décadas han sido tratadas de forma indigna. Trabajan en uno de los sectores más vulnerables de la fuerza laboral estadounidense.

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Ante este problemas los medios de comunicación han replicado las historias de Lucy, María del Carmen Díaz y otras trabajadoras del hogar/domésticas que han decidido desafiar eso y exigir derechos para las 16 mil niñeras, amas de casa y cuidadoras que se calcula que hay en Filadelfia.

La expectativa es federal

También están presionando para que se promulguen leyes a nivel federal que garanticen los derechos de las trabajadoras del hogar/domésticas en todo el país. En julio, la senadora Kamala Harris (D-CA) y la representante Pramila Jayapal (D-WA) presentaron la Ley de la Carta de Derechos de las Trabajadoras Domésticas, que establecería protecciones legales básicas para todas las trabajadoras domésticas en los Estados Unidos.

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Nicole Kligerman en agosto de 2018, fundó la Alianza de Trabajadoras Domésticas de Pensilvania (PDWA, por sus siglas en inglés), ella es una organizadora comunitaria, que encausó los trabajos sociales de las trabajadoras domésticas que se han organizado para presentar una legislación al Consejo de la Ciudad de Filadelfia para una Declaración de Derechos de las Trabajadoras Domésticas, y han hablado sobre sus propias experiencias de abusos en el lugar de trabajo. Si el proyecto de ley se aprueba este otoño, Filadelfia se convertirá en la ciudad más grande de los Estados Unidos en aprobar una Declaración de Derechos de las Trabajadoras Domésticas.

Un ícono de esta lucha y a la vez luz que guía los pasos de las trabajadoras domésticas que están en pie de lucha, lo conforma la historia de Dorothy Bolden, una trabajadora doméstica negra y activista de los derechos civiles en Atlanta, que comenzó a organizarse en la década de 1960 para exigir mejores salarios y mayores protecciones.

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El Gobierno abrió ahora estas pesquisas como consecuencia de ese mismo informe, que recogía las identidades de mil menores víctimas, y envió citaciones judiciales a al menos tres diócesis de este estado, entre ellas la arquidiócesis de Filadelfia, de acuerdo a estos medios.

“La arquidiócesis de Filadelfia ha recibido una citación emitida por un gran jurado federal, que requiere el envío de ciertos documentos. La arquidiócesis cooperará con el Departamento de Justicia de EE.UU. en este tema”, señaló la institución católica en un comunicado recogido por la cadena CNN.

El informe en cuestión, publicado en agosto y que consta de 1.356 páginas, fue emitido por un gran jurado del Tribunal Supremo estatal de Pensilvania, lo que finalmente ha desencadenado estas pesquisas a nivel nacional.

Desde entonces, se han dado investigaciones internas por parte de las instituciones religiosas, pero también desde fiscalías estatales y autoridades locales sobre este tipo de casos a nivel nacional.

Recientemente, el papa Francisco aceptó la dimisión del cardenal Donald Wuerl como arzobispo de Washington por haber sido acusado de haber encubierto abusos.

La propia arquidiócesis de Washington difundió este lunes un listado de 31 nombres vinculados a la institución que han sido acusados de forma “creíble” de haber cometido abusos sexuales contra menores, de los que 17 ya han fallecido.

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