El informe publicado por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, en colaboración con un consorcio de periodistas internacionales, detalla que hasta el 31 de agosto de 2026 se contabilizaron 25.447 deportaciones efectuadas hacia terceros países. La abrumadora mayoría de estas expulsiones —alrededor de 20.000 personas— tuvo como destino a México, mientras que los casos restantes se distribuyeron entre otros 27 países pertenecientes a América Latina, África y el Pacífico.

Asimismo, la investigación indica que las autoridades estadounidenses lograron concretar acuerdos adicionales con otras siete naciones.

Para viabilizar este esquema, el gobierno estadounidense destinó un presupuesto de 410 millones de dólares. Según los documentos internos del Departamento de Estado citados en el informe, unos 81 millones de dólares de dicha partida fueron canalizados como pagos directos hacia los gobiernos signatarios.

En tanto, la porción principal de los fondos se distribuyó a entidades internacionales; más de 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 123 millones de dólares para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Las negociaciones y transferencias fueron administradas principalmente por la Oficina de Remigración, una división del Departamento de Estado creada en mayo de 2025 bajo la dirección de Christian Jove Ehrhardt.

Paralelamente, una investigación de la agencia AFP señaló que Washington utilizó la suspensión de visados y diversas restricciones hacia países africanos como mecanismo de presión diplomática para obligarlos a recibir expulsados.

Los acuerdos varían ampliamente en sus términos, definiendo nacionalidades específicas e incluso la admisión de individuos con antecedentes penales. Por ejemplo, Palau aceptó recibir hasta 75 extranjeros por 7,5 millones de dólares, habiendo recibido hasta la fecha a tres personas. En Esuatini han ingresado 32 deportados en el marco de un pacto que contempla hasta 160 individuos por una cifra superior a los 5 millones de dólares.

Por su parte, Camerún firmó su memorando en diciembre e inició la recepción de vuelos el 14 de enero, en coincidencia con la asignación de ayuda sanitaria y fondos multilaterales de apoyo.

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Diversos juristas han alertado que los repatriados quedan arrojados a un grave limbo legal, retenidos sin cargos ni derechos en territorios desconocidos.

Ante las severas críticas formuladas por el rol que desempeñan las agencias internacionales, tanto ACNUR como la OIM defendieron su posición argumentando que el uso de los fondos asignados se orienta estrictamente a fortalecer las redes de asistencia, así como a mejorar las condiciones directas de supervivencia de la población migrante impactada.

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Durante la reunión, centrada en abordar la crisis global de vivienda, el cambio climático y la migración, Clara Brugada Molina enfatizó que las metrópolis no pueden convertirse en espacios exclusivos para sectores de altos ingresos.

La mandataria capitalina mexicana sostuvo que el acceso a la vivienda, el transporte, el cuidado familiar y el espacio público deben garantizarse como derechos fundamentales y no como privilegios.

Por su parte, Zohran Mamdani elogió las políticas sociales implementadas en la capital mexicana, destacando la creación del Sistema Público de Cuidados y las “Utopías” —infraestructuras comunitarias para la inclusión social—. El alcalde neoyorquino calificó estas iniciativas como un modelo de inspiración para asegurar la dignidad de la clase trabajadora y responder a las demandas del cuidado urbano.

Ambos líderes concluyeron que las ciudades del futuro deben fundamentarse en la asequibilidad, la diversidad y la solidaridad para garantizar su habitabilidad sin dejar a nadie atrás.

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La cumbre U20, copresidida este año por New York y Los Angeles, reunió a autoridades globales bajo la convocatoria de C40 Cities y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

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Garcés recibió el domingo un balazo en la parte superior de la espalda. El disparo fue realizado por un integrante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un nuevo incidente que pone el foco en los operativos migratorios impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El hombre de 28 años fue llevado primero al hospital y luego trasladado a un centro de detención en Pearsall, unos 200 kilómetros al suroeste de Austin. En conexión telefónica con la prensa, Garcés denunció que aún tiene el proyectil alojado en el cuerpo.

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“Tengo mucho dolor porque el disparo me fracturó la clavícula y en el hospital que me llevaron no me pudieron sacar la bala” porque estuvo cerca de alcanzar su columna. “Tengo la bala allí adentro todavía”, contó durante una conferencia de prensa desde el centro de detención.

Horas después, su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informó que Garcés fue llevado nuevamente “trasladado a otro hospital porque ahora sufre parálisis del lado izquierdo”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo del ICE, había informado la madrugada del lunes que Garcés se encontraba en condición estable y “bajo custodia federal en espera de su expulsión”. Añadió que había “ingresado ilegalmente al país” durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025).

Pero la abogada aseguró que Garcés ingresó legalmente en 2024 a través del programa denominado CBP One, implementado por la administración Biden. Estaba en el país bajo libertad condicional, solicitando asilo y poseía un permiso de trabajo válido.

Ella explicó que la orden de deportación se dio luego de que Garcés no acudió a su audiencia de migración, porque la citación fue enviada a una dirección donde él ya no vivía. Dijo que presentarán una medida cautelar para su liberación.

En rechazo a las acciones de ICE, un centenar de manifestantes se reunió el lunes por la noche en los exteriores del Capitolio de Texas.

“Estamos menos seguros cuando (los agentes) están cerca. Secuestran a nuestros vecinos y hacen desaparecer a personas que forman parte de nuestra comunidad”, dijo a la AFP Rosalie Kendall, de 40 años.

El disparo

Garcés contó que todo ocurrió cuando iba con el pedido de su aplicación DoorDash. “En una de esas se para una camioneta al lado, no me enciende luces ni nada sino que trata de chocarme”.

Luego, dijo, una camioneta negra se le cruzó, se bajó un agente de migración y le pidió sus documentos. Garcés le pidió que lo dejara estacionar para no abandonar el auto en la avenida pero, contó, le dijeron que no.

“Di una vuelta en U y allí fue donde él empezó a perseguirme como pensando que yo me iba a escapar pero yo estaba buscando un lugar para dejar mi carro. Allí me chocó dos veces y me disparó”, agregó.

“Sentí uno (un disparo), una vez (…) Pero no sé cuántos la verdad, no sé cuántos disparos me dieron (o impactaron en su auto)”, detalló.

Román Palomares, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), reclamó una investigación independiente.

La atención médica

Garcés narró que tras recibir el tiro llegó una ambulancia. “Estaba prácticamente desmayado. Yo nunca me bajé del vehículo”, relató.

Refirió que al llegar al hospital le dijeron que le harían estudios para una cirugía. Pero “luego viene un doctor y me dice que no, porque estaban apurados para que me dieran de alta, para llevarme” en detención.

“Yo le dije al doctor: cómo me va a dejar la bala ahí si aún me duele (…) no recibí la atención médica adecuada”, sostuvo. Dijo que fue llevado a una celda sin camas.

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“Violentos”

“No hay absolutamente ninguna justificación para que le hayan disparado”, afirmó la abogada. “Exigimos que se detengan los controles de tráfico de ICE. Los agentes de ICE están excesivamente armados, sobrepagados, mal capacitados y son violentos”, afirmó.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Según cifras del DHS, casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en Estados Unidos en agosto.

El ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante operativos migratorios, incluido el uso de armas de fuego contra ciudadanos estadounidenses.

En julio, el mexicano Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por un agente del ICE en Houston, donde el hombre había vivido por más de tres décadas y tenía tres hijos estadounidenses.

Por AFP

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Hasta el momento, tanto sus familiares como su abogada desconocen el reclusorio exacto al que fue trasladado, mientras denuncian que se encuentra incomunicado.

El momento del ataque: disparos por la espalda durante un trabajo de entregas

El suceso ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde (hora local) en el norte de la ciudad de Austin. Según relató la abogada de la víctima, Kate Lincoln-Goldfinch, Garcés se encontraba dentro de su vehículo Ford color azul realizando entregas a domicilio a través de la plataforma DoorDash cuando fue abordado por agentes federales.

Mike Siegel, concejal de Austin que acudió a la escena del suceso, explicó que un agente de ICE que conducía una camioneta negra sin identificar impactó contra el automóvil de Garcés, descendió del vehículo y disparó directamente contra el automóvil del migrante mientras este permanecía estacionado.

Un testigo presencial identificado bajo el pseudónimo de “Juan” relató a agencias de noticias presentes en el lugar durante los momentos posteriores al ataque que: “Le hablé al muchacho, le dije si estaba bien y me dijo: ‘Me tiraron por la espalda’. Se miraba cansado, que estaba sufriendo. El oficial no hizo nada, no se acercó a ayudar… Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”, afirmó el testigo.

Investigación federal e incomunicación

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la agencia mantiene abierta una investigación del caso con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La entidad gubernamental sostuvo que Garcés está en condición “estable y en custodia federal, a la espera de su deportación”, argumentando que el ciudadano ingresó de forma irregular al país y cuenta con una orden final de deportación.

Homeland Security Investigations, with the assistance of the Federal Bureau of Investigation, is leading the investigation into the officer involved shooting of an illegal alien from Venezuela, who illegally entered our country under the Biden administration and had a final order…

— Homeland Security (@DHSgov) September 21, 2026

Por su parte, la defensa de Garcés rebate esa versión e indica que el joven ingresó a territorio estadounidense mediante la aplicación CBP One. Asimismo, su abogada denunció públicamente que las autoridades federales le han negado el acceso a su cliente: “Van a tener que darme acceso a él para poder dar más detalles. Ahora mismo, no le están permitiendo hablar ni con su abogada ni con su esposa”, denunció Lincoln-Goldfinch.

Rechazo de autoridades locales y llamados a investigación independiente

El incidente ha generado reacciones y rechazo por parte de funcionarios e instituciones locales.

Greg Casar (Legislador demócrata), advirtió en redes sociales sobre los riesgos de una deportación acelerada: “Si ICE lo deporta, el testigo principal de su tiroteo desaparece. No debe ser expulsado del país y debe recibir cuidado médico adecuado”.

Kirk Watson (Alcalde de Austin) y Lisa Davis (Jefa de Policía), clarificaron que la policía local no participó en el operativo de ICE, limitándose a acordonar la zona. Watson exigió que se le permita a la policía local llevar a cabo una investigación independiente. “La credibilidad de ICE llevando a cabo algún tipo de pesquisa por sí mismo y excluyendo a otras agencias no sería apropiada”, comentó.

Mike Siegel (Concejal de Austin), manifestó su preocupación sobre la transparencia del procedimiento y denunció la injusticia de la detención.

Aumento de incidentes armados con agentes de inmigración

El tiroteo se suma a una serie de incidentes recientes con armas de fuego en los que se ven involucrados agentes federales de inmigración. Apenas dos meses antes, el 7 de julio, un agente de ICE mató a tiros al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo (52 años) en Houston, Texas, en un caso cuyo procedimiento sigue bajo investigación.

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Según un informe publicado por The Washington Post, desde el inicio de la administración de Donald Trump se han contabilizado al menos 17 conductores baleados en medio de operativos de seguridad migratoria, con un saldo de seis personas fallecidas.

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El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.

El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura. 

“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.

La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.

Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump.

Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.

Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.

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Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.

El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.

Por: AFP

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La Oficina del Inspector General (OIG), dependencia a cargo del reporte, calificó la utilización de estos reducidos espacios metálicos como una práctica totalmente “sin precedentes” en Estados Unidos, la cual representó un riesgo significativo para la integridad física y mental de las personas confinadas.

El informe oficial se elaboró a partir de una inspección exhaustiva efectuada en enero de 2026. Los auditores concluyeron que la instalación, cuyo nombre formal era Florida Soft-Sided Facility (FSSF), violaba sistemáticamente los estándares mínimos exigidos en materia de salud pública, seguridad ambiental, atención médica, calidad del servicio de alimentos, higiene personal y programas de recreación para los reclusos.

Entre julio de 2025 y enero de 2026, al menos 79 migrantes resultaron encerrados en recintos metálicos de escasos 1,67 metros cuadrados por lapsos que iban desde varios minutos hasta casi dos horas.

Aunque el personal del centro justificó estas estructuras catalogándolas como “áreas de calma” destinadas a tranquilizar a los individuos, la inspección oficial desestimó ese argumento, determinando que un confinamiento en espacios tan extremadamente restrictivos es poco convencional y contrario a los principios universales de trato humano.

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Operado directamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el complejo se convirtió en un símbolo de la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

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Las acciones consisten en recorridos por calles, parques y establecimientos comerciales, donde los agentes solicitan documentación a personas extranjeras para verificar su estatus y antecedentes penales.

El despliegue más reciente ocurrió en el centro de la ciudad de Cúcuta. Hasta el momento, diez personas han sido expulsadas, entre ellas un individuo buscado por la justicia venezolana por el delito de homicidio según indicaron las autoridades a medios de comunicación locales.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la localidad, Edwin Cardona, aclaró que los procedimientos no persiguen a la población venezolana en general, sino que están orientados exclusivamente a combatir la criminalidad.

Asimismo, la Alcaldía de Cúcuta reiteró que se mantienen las garantías para los ciudadanos que ingresen cumpliendo los requisitos legales con fines laborales o comerciales.

El anuncio de estas políticas provocó un incremento notable en la afluencia de venezolanos hacia las sedes de Migración Colombia, donde buscan conocer alternativas para regularizar su permanencia.

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Esta estrategia marca el inicio de una línea de control más rigurosa por parte de Colombia, en una frontera históricamente caracterizada por su elevado flujo dinámico de personas.

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La resolución representa un duro revés judicial para la estrategia del gobierno de Donald Trump, orientado a recopilar información clave para acelerar la localización y deportación de migrantes indocumentados.

El fallo fue dictado de manera unánime por un panel de tres jueces (3-0). La medida frena los intentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de acceder a la base de datos tributaria, donde reposan domicilios, nivel de ingresos y datos familiares de millones de personas en el país, protegidos bajo estrictas leyes de confidencialidad.

La jueza Cornelia Pillard, en una opinión formal de 32 páginas, sustentó el fallo recordando que la protección de la privacidad tributaria tiene antecedentes históricos profundos.

Según la magistrada, los abusos del poder Ejecutivo cometidos durante el escándalo de Watergate (1972) llevaron al Congreso de Estados Unidos a promulgar leyes rigurosas para restringir el intercambio de datos entre el IRS y otras agencias del gobierno federal.

El caso tomó relevancia pública luego de que, el año pasado, el ICE solicitara más de 1,2 millones de registros al IRS. La agencia tributaria alcanzó a entregar las direcciones de aproximadamente 47.000 contribuyentes antes de que los tribunales federales intervinieran y congelaran el traspaso masivo de información.

Nandan Joshi, abogado de la organización defensora de derechos Public Citizen —una de las entidades promotoras de la demanda contra la administración pública—, celebró el dictamen del Circuito de DC.

Joshi enfatizó que las personas no ciudadanas gozan exactamente de los mismos derechos de privacidad sobre sus declaraciones de impuestos que la legislación otorga al resto de los contribuyentes.

El IRS facilita formalmente que millones de migrantes indocumentados paguen impuestos de manera anual. Esta contribución constante apoya los procesos de regularización migratoria de los usuarios y fortalece las arcas de programas sociales clave, como el Seguro Social.

Pese a que defensores destacan el aporte económico de la población migrante, críticos sostienen que la inmigración irregular genera una carga considerable en los servicios públicos, como salud y educación.

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El presidente Trump mantiene como eje central de su mandato acelerar la expulsión masiva de indocumentados y restringir los cruces fronterizos. No obstante, la vía judicial vuelve a limitar sus facultades para utilizar la infraestructura fiscal del país como herramienta de rastreo y deportación.

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Enmarcada en la Orden Ejecutiva 14418, la medida amplía el alcance legal al reemplazar el término “oficial diplomático extranjero” por “empleado de gobierno extranjero”. Esta nueva definición abarca a oficiales diplomáticos acreditados, empleados de embajadas y consulados, personal oficial de gobiernos extranjeros y trabajadores de organizaciones internacionales con inmunidad. Quedan excluidos contratistas, empleados personales, personal de empresas estatales y visitantes en capacidad personal.

Para implementar el cambio, el DHS actualizó el Formulario I-485 (Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus) y las instrucciones del Formulario G-325R (Información Biográfica), adaptándolos a los nacidos en el país que no adquieren la ciudadanía automática al nacer.

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La regla entró en vigor el 4 de septiembre de 2026 para los nacidos en o después de esa fecha. No obstante, su aplicación efectiva enfrenta limitaciones legales inmediatas. Debido a una orden judicial preliminar vigente dictada en el caso Casa Inc. vs. Trump (No. 8:25-cv-00201), el DHS no tomará medidas para implementar la norma sobre los miembros de la clase certificada ni actuará en conflicto con la resolución judicial hasta que el gobierno logre el levantamiento de dicha orden ante los tribunales.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que “no hay razón” para trasladar a los connacionales a terceros territorios e informó que ya manifestaron formalmente su inconformidad a Washington.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón, detalló que las protestas se transmitieron a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación.

Según los registros oficiales, EEUU envió a 2.900 mexicanos hacia Guatemala y Honduras, además de 20 personas trasladadas a Costa Rica. Las autoridades mantienen conversaciones con la administración estadounidense para frenar de inmediato esta práctica.

Frente a esta situación, la Cancillería activó a sus consulados para brindar atención inmediata a los deportados y coordinar su pronta repatriación. Salomón confirmó que la totalidad de los mexicanos afectados ya se encuentra de regreso en territorio nacional.

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Los connacionales enviados a Guatemala y Honduras fueron trasladados por vía terrestre hacia la frontera sur de México, donde recibieron cartas de repatriación y asistencia del programa estatal México te Abraza.

Por su parte, los 20 ciudadanos retornados desde Costa Rica viajaron por vía aérea hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sheinbaum reafirmó que la prioridad absoluta de su administración, más allá del reclamo diplomático, es acelerar el retorno y la protección integral de todos los mexicanos.

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