La acción legal es liderada por los fiscales Rob Bonta (California), Letitia James (New York) y Brian Schwalb (Distrito de Columbia). La querella busca bloquear la implementación de un nuevo Sistema de Registros (SORN) en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), un esquema que otorga más de 16.000 millones de dólares anuales a hogares de bajos recursos.

De concretarse, el SORN permitiría el intercambio masivo de información personal con entidades federales, estatales y privadas, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, los demandantes advierten que la medida ampliaría drásticamente la supervisión del gobierno federal sobre las iniciativas estatales contra la pobreza.

El fiscal californiano Rob Bonta calificó la iniciativa de cruel, ilegal y de constituir un intento de vigilancia masiva utilizando un beneficio diseñado para evitar el hambre infantil. En el recurso presentado ante un tribunal federal, las autoridades argumentan que el proyecto viola la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Cruce de Datos Informáticos y la Cláusula de Gasto constitucional.

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Junto a los líderes de la querella se sumaron fiscales de estados como Illinois, Massachusetts, Washington y Pensilvania. La coalición advierte que este cruce de información pone en riesgo a las familias más necesitadas al disuadirlas de solicitar la ayuda económica directa a la que tienen derecho.

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La Corte Suprema anuló hace poco más de un mes un decreto que suprimía el derecho de suelo para los hijos de inmigrantes en situación irregular, pero Trump aseguró que este nuevo intento será un “ajuste” a ese derecho.

“Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento”, explicó a periodistas en el Despacho Oval.

“Este decreto adopta una serie de medidas destinadas a combatir ese tipo de prácticas organizadas. Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito. Visas tanto para los padres que participan, como para las personas que organizan estas redes”, aseguró.

La enmienda número 14 a la Constitución estadounidense, aprobada tras la Guerra de Secesión para proteger el derecho a la ciudadanía de los antiguos esclavos, explicita el derecho de ciudadanía por haber nacido en el territorio estadounidense, salvo casos muy concretos.

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Esa fue la doctrina ratificada por la mayoría de la Corte Suprema.

De acuerdo con la legislación vigente, un responsable de un consulado estadounidense puede denegar un visado a un no residente si sospecha que viaja al país para dar a luz.

Los críticos de ese sistema dicen que el problema son las futuras madres que solicitan simplemente el permiso de entrar como turistas, sin pedir el visado.

“Los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento”, indicaron los jueces de la Corte Suprema en su sentencia del 30 de junio. 

Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Trump, dijo que el decreto presidencial denegará la ciudadanía por nacimiento a hijos de miembros de “organizaciones terroristas extranjeras”, así como de “amplias categorías de personas que presionan y actúan en nombre de gobiernos extranjeros”.

La medida “garantiza que un gran número de personas que equivocadamente (estarían) obteniendo la ciudadanía por nacimiento ya no serán elegibles para esos beneficios”, aseguró Miller.

Los esfuerzos del presidente Trump por restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento forman parte de su campaña más amplia para limitar la inmigración, que incluye la expulsión de millones de migrantes indocumentados y la eliminación del estatuto temporal de protección para nacionales de más de una docena de países.

Por: AFP

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La disposición afecta fundamentalmente a diversas naciones africanas, pero en la región de América Latina y el Caribe impacta de manera directa a los nacionales de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica y Granada.

De acuerdo con el aviso borrador que será difundido formalmente en el Registro Federal, la revisión efectuada durante casi doce meses proporcionó evidencia y datos analíticos suficientes para confirmar que la exigencia de garantías financieras asegura de forma efectiva el retorno de los viajeros a sus lugares de origen.

Bajo este esquema normativo, los solicitantes de pasaportes pertenecientes a la lista deben efectuar el desembolso antes de acudir a la entrevista consular. El dinero es totalmente reembolsable en dos escenarios: si la visa es rechazada o si, tras ser otorgada, el beneficiario cumple estrictamente los términos temporales de su permiso.

La iniciativa fue introducida por la Administración de Donald Trump en agosto del año pasado para combatir la permanencia indocumentada, una infracción cuyas tareas de localización, detención y deportación representan un costo gubernamental cercano a los 18.000 dólares por persona.

Representantes de la diplomacia estadounidense valoraron la política como un éxito contundente. En 2024, casi 45.500 visitantes provenientes del grupo de países incluidos excedieron el tiempo permitido en suelo norteamericano. En contraste, durante los diez primeros meses de funcionamiento del sistema piloto de fianzas, la cifra de infractores de esas mismas nacionalidades cayó drásticamente a menos de 50 casos registrados.

No obstante, sectores críticos han señalado que el requisito impone una barrera financiera desmedida e inalcanzable para personas de economías vulnerables que buscan reencontrarse con sus familias o concretar negocios.

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Las estimaciones iniciales calculaban que solo 2.000 personas estarían sujetas al pago; sin embargo, las estadísticas finales determinaron que aproximadamente 20.000 solicitantes se vieron alcanzados por la regulación. Ante esta exigencia, casi la mitad de los afectados optó por no abonar la garantía, lo que provocó un desplome del 83 % en la concesión de visados B1 y B2 para los países fiscalizados.

El Departamento de Estado anticipa que la aplicación definitiva de la regla mantendrá a la baja la demanda global de permisos de viaje en las naciones reguladas, al tiempo que evalúa la incorporación paulatina de nuevos territorios al programa.

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La medida responde a la política de deportaciones hacia “terceros países” impulsada por la Administración de Donald Trump. De acuerdo con defensores legales, la estrategia aprovecha vacíos jurídicos para expulsar a individuos que, por restricciones legales, el gobierno no puede retornar directamente a sus países de origen.

Un primer vuelo trasladó a diez personas a Guinea Ecuatorial, mientras que una segunda aeronave aterrizó en Sierra Leona antes de continuar su trayecto hacia Ghana y la República Centroafricana. Ambas operaciones realizaron escalas técnicas de reabastecimiento en Senegal, punto clave para la logística aérea de migratoria en la región.

Las abogadas denunciaron la falta de transparencia en los procedimientos, señalando la dificultad para precisar el destino final de cada migrante. En experiencias previas, deportados en Guinea Ecuatorial quedaron varados durante meses en hoteles, mientras que otros fueron abandonados en la frontera de Togo sin documentación.

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Investigaciones señalan que Washington ha ofrecido jugosos acuerdos económicos y ha amenazado con restricciones de visados para lograr que gobiernos africanos acepten recibir a estos ciudadanos. Pese a las críticas de organizaciones humanitarias por los riesgos asociados, la Casa Blanca defiende que la ley no le prohíbe enviar a estas personas a un país alternativo.

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De acuerdo con una encuesta de Gallup, el 73% de los adultos considera que la inmigración es algo positivo para Estados Unidos, una cifra inferior al récord histórico del 79% registrado en 2025, pero aún por encima del promedio de los últimos 25 años, situado en el 67%. En contraste, el 21% opina que la inmigración tiene un impacto negativo para el país.

El estudio también revela que la mayoría de los ciudadanos percibe beneficios económicos derivados de la inmigración legal. Un 64% cree que ayuda a cubrir vacantes laborales provocadas por el aumento de las jubilaciones, mientras que el 60% considera que aporta trabajadores para empleos de bajos salarios.

Además, el 56% destaca su contribución a la recaudación fiscal destinada a programas públicos y el 52% valora su aporte de profesionales para áreas de ciencia y tecnología.

Sin embargo, las opiniones son más divididas respecto a otros aspectos. El 35% considera que la inmigración tiene efectos positivos sobre la educación, la salud y otros servicios públicos, frente al 33% que percibe consecuencias negativas.

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También predominan las preocupaciones por el impacto en las oportunidades laborales para los trabajadores nacidos en Estados Unidos y en la disponibilidad y el costo de la vivienda.

Pese a estas diferencias, la percepción general sobre la inmigración continúa siendo favorable y se mantiene cerca de sus niveles más altos, aunque influida por el contexto político y el debate público.

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El estudio, titulado “Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México”, recopiló testimonios de 136 menores en Chiapas, Chihuahua y Ciudad de México. Las conclusiones del informe revelan que la nación mexicana ha dejado de ser únicamente un país de tránsito para convertirse en un espacio de estancia prolongada para muchas familias migrantes.

Respecto a la procedencia, los menores de nacionalidad venezolana representan más del 36 % del total analizado, seguidos por infantes procedentes de Cuba y Honduras. Laura Mora, investigadora de la Universidad Iberoamericana, explicó que persisten graves barreras para regularizar su situación migratoria, acompañadas por prejuicios negativos sobre la autoridad y un elevado riesgo de trabajo infantil o discriminación.

A pesar de los severos riesgos en los asentamientos informales, el informe destaca varias buenas prácticas institucionales de integración, tales como el funcionamiento de albergues en la capital, programas educativos en el estado de Chiapas e iniciativas de atención nutricional en Chihuahua.

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Finalmente, Gonzalo Rivera, representante de Plan Internacional México, confió en que estos valiosos hallazgos fortalezcan el diálogo institucional para garantizar decisiones públicas con respuestas oportunas, integrales y orientadas siempre al respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales de toda la niñez migrante en el continente.

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La iniciativa judicial había sido anticipada el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum. La cancillería mexicana detalló que se promovieron un total de 20 denuncias legales —ocho ante fiscalías estatales y 12 en fiscalías de condado— en aquellas jurisdicciones donde sucedieron los trágicos hechos, específicamente en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

Por su parte, el embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, solicitó un completo esclarecimiento de cada caso durante diversas reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE. En dichos encuentros, Lazzeri transmitió las hondas preocupaciones de su país por las condiciones prevalecientes en los centros de detención migratoria.

En paralelo, el canciller Roberto Velasco pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, requerir información a las autoridades estadounidenses y formular recomendaciones técnicas destinadas a prevenir acontecimientos de esta naturaleza.

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Finalmente, el gobierno encabezado por Sheinbaum descartó que esta ofensiva penal pueda afectar la vital relación bilateral con Estados Unidos, incluso en momentos clave donde se negocia la revisión del tratado de libre comercio, el T-MEC, el cual cuenta también con la participación de Canadá como socio estratégico.

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Andrew Widme, un ciudadano estadounidense de 42 años, y su esposa venezolana, Yelitza Infante, de 31, perdieron la vida al quedar atrapados tras el colapso del edificio residencial donde habitaban en la ciudad costera de La Guaira.

El fatídico suceso ocurrió en el complejo residencial Coral Mar, ubicado en el sector de Punta Tanaguanera. Las estructuras de la edificación colapsaron violentamente durante los sismos registrados la noche del desastre natural. La confirmación del deceso de ambos cónyuges se conoció de manera paulatina tras días de intensa búsqueda encabezada por organismos de rescate y familiares.

El cuerpo de Yelitza fue hallado por sus parientes pocos días después de la tragedia, mientras que los restos de su esposo fueron localizados el 19 de julio por miembros de la organización humanitaria sin fines de lucro United Cajun Navy.

La pareja se había conocido pocos meses antes de contraer matrimonio en febrero de 2025. Widme, padre de dos hijos adolescentes, se encontraba instalado en Florida por razones de trabajo. Por su parte, Yelitza había permanecido casi tres años en suelo estadounidense, donde solicitó asilo político y contó con un permiso de trabajo.

Sin embargo, tras verse involucrada en una causa penal que no concluyó en condena, la joven venezolana enfrentó una fuerte presión por parte de las autoridades de migración del país norteamericano.

Ante la continua incertidumbre y la promesa legal de que una salida voluntaria facilitaría un posterior regreso formal, Yelitza optó por la “autodeportación” y retornó a su país natal a finales de abril. Impulsado por el afecto y el compromiso conyugal, Andrew renunció a su empleo en Miami y viajó el 4 de mayo para reencontrarse con su esposa.

Inicialmente, el matrimonio se radicó en la ciudad de Caracas, donde alquiló una vivienda e inició los planes para establecer un pequeño emprendimiento gastronómico. Tiempo después, ambos se trasladaron a La Guaira con la firme expectativa de afianzar sus proyectos personales y familiares en la región costera.

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Lamentablemente, sus aspiraciones se vieron truncadas por la magnitud de los terremotos, que ya dejan un saldo acumulado superior a las 5.300 personas fallecidas. La madre de Andrew viajó a Venezuela para participar en la identificación del cadáver y tramitar el regreso de sus restos a Estados Unidos. En tanto, la familia de Yelitza rememoró con dolor cómo ambos apostaron juntos por un nuevo comienzo, superando complejas barreras migratorias antes del trágico e inesperado desenlace.

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Con un patrimonio estimado en 4.900 millones de dólares, la fortuna de Avellán proviene de su destacada trayectoria técnica y empresarial dentro del sector de las telecomunicaciones satelitales. El ranking global de migrantes prósperos está encabezado por el sudafricano Elon Musk, seguido por Serguéi Brin, cofundador de Google nacido en Rusia, y Jensen Huang, ejecutivo al frente de Nvidia originario de Taiwán.

Avellán es fundador y director ejecutivo de AST SpaceMobile, una firma tecnológica centrada en la creación de una red de satélites de última generación. El objetivo central de la compañía es proveer conexión de banda ancha de forma directa a teléfonos celulares, llevando señal a regiones geográficas donde la infraestructura de antenas terrestres tradicionales no tiene alcance. Para consolidar este despliegue, la empresa mantiene alianzas estratégicas con operadores globales como Verizon, AT&T y Vodafone.

Formado como ingeniero electrónico en la Universidad Simón Bolívar (USB) en Venezuela, Avellán acumula más de 25 años de experiencia en la industria espacial. Comenzó su carrera profesional en la corporación sueca Ericsson antes de emprender en el año 2000 con la creación de Emerging Markets Communications (EMC), firma orientada a brindar servicios satelitales en zonas remotas. EMC fue vendida en 2016 por 550 millones de dólares, capital que sirvió de impulso para fundar AST SpaceMobile. Adicionalmente, el empresario se ha desempeñado como presidente de la compañía NanoAvionika UAB.

Dentro de los hitos tecnológicos de AST SpaceMobile resalta el lanzamiento en 2022 del BlueWalker 3, un satélite de carácter experimental concebido para dar cobertura desde el espacio y reconocido como uno de los satélites comerciales más grandes jamás desplegados en la órbita terrestre baja.

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A lo largo de su carrera, Avellán se ha consolidado como coinventor de más de 24 patentes en territorio estadounidense. Su aporte técnico e industrial le ha valido distinciones como el galardón a la “Transacción Satelital del Año” por Euroconsult en 2015 y la mención como “Ejecutivo del Año en Telepuertos Satelitales” en 2017. En 2024, fue designado comisionado de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Unesco, organismo desde el cual promueve iniciativas dedicadas a la inclusión y expansión del acceso digital a nivel global.

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Osorbo, de 42 años, se encuentra actualmente cumpliendo una condena de nueve años de prisión en Cuba.

El músico logró notoriedad internacional como coautor de la canción “Patria y Vida”, un tema que se transformó en un símbolo de protesta para la oposición cubana y que obtuvo dos galardones en los premios Latin Grammy durante el año 2021.

La noticia sobre la aprobación del visado fue confirmada por el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara a través de su cuenta de Facebook. Otero Alcántara, quien fue liberado recientemente tras cumplir cinco años de prisión por el mismo proceso judicial, viajó hacia Estados Unidos bajo este mismo beneficio migratorio.

En su mensaje, explicó que la solicitud se ampara en el carácter político y arbitrario del encarcelamiento de Osorbo, el cual vulnera sus derechos humanos, su libertad de expresión y su creación artística.

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Por su parte, la curadora de arte Anamely Ramos respaldó la veracidad del trámite en sus redes sociales. Osorbo fue arrestado en mayo de 2021 y condenado en 2022 por delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos. El pasado 10 de julio, el opositor fue trasladado desde la cárcel de Pinar del Río hacia la prisión de Guanajay, situada en la vecina provincia de Artemisa.

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