Según los datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expuestos en el informe de la organización, Washington ya ha deportado a más de 500 personas a naciones de África a las que no pertenecen, afectando incluso a diversos ciudadanos latinoamericanos. Investigaciones periodísticas independientes estiman que cerca de 25.000 migrantes han sido trasladados globalmente bajo este esquema.

El informe recopila testimonios de 24 afectados que fueron trasladados a seis países africanos, incluyendo Esuatini, Camerún, la República Centroafricana y Sudán del Sur. Los afectados relataron haber viajado encadenados durante trayectos aéreos de hasta 18 horas de duración sin conocer su destino final.

HRW advirtió además sobre la gravedad del envío de al menos doce integrantes de la comunidad LGBT hacia territorios donde se criminalizan severamente las relaciones entre personas del mismo sexo.

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La ONG calificó estos convenios bilaterales de “opacos” y criticó que funcionarios estadounidenses empleen la amenaza explícita de abandonar a las personas “en medio de la nada”.

Por su parte, investigaciones periodísticas destacan que la administración estadounidense ha ejercido una fuerte coerción sobre los gobiernos africanos mediante graves amenazas de aranceles, suspensión de visados y recortes en la ayuda financiera. Recientemente, Burundi se convirtió en la decimoquinta nación del continente en ceder y firmar dicho acuerdo.

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La medida se enmarca en la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra el fraude en el sistema de inmigración laboral. Vance acusó a Microsoft de abusar del visado H-1B, afirmando que la compañía despidió a 6.000 trabajadores estadounidenses para reemplazar a gran parte de ellos con personal extranjero bajo este esquema legal. Asimismo, informó que la empresa de software Adobe también enfrentará la misma sanción.

Por su parte, Microsoft rechazó las acusaciones y sostuvo que la gran mayoría de sus empleados son estadounidenses. La firma explicó que el 80% de las 6.000 solicitudes tramitadas correspondían a prórrogas de su personal existente y que el pago a estos profesionales equivale al del resto de la plantilla.

En paralelo, Vance detalló que instituciones de educación superior como Harvard, Yale, Stanford y el MIT serán investigadas por supuestas irregularidades en visados de intercambio estudiantil.

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El anuncio coincide con la entrega de la prestigiosa medalla tecnológica nacional al CEO de Microsoft, Satya Nadella, por parte de Trump. Analistas señalan que la presión sobre el programa de visados busca reforzar el respaldo electoral republicano antes de las elecciones legislativas de noviembre, en medio de la preocupación de los votantes por el costo de la vida y el conflicto con Irán.

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De acuerdo con los datos presentados por el nuevo Observatorio Demográfico Municipal, entre las localidades con mayor reducción poblacional destacan Guánica con un 45,8%, Ceiba con un 41%, Loíza con un 33,7%, Maricao con un 32,7% y Yauco con un 31,8%.

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Lanselotte Oliveras Vega, asistente de Proyectos Estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), detalló que al analizar la población por grupos de edad se evidencia un impacto severo en la niñez; la totalidad de los 78 municipios de la isla ha perdido más del 50% de sus niños de 0 a 9 años.

Oliveras Vega advirtió que esta marcada disminución se refleja en una menor disponibilidad de guarderías, escuelas y establecimientos comerciales dedicados a dicho sector.

Por su parte, Alberto L. Velázquez Estrada, gerente sénior del área de Demografía, destacó que esta herramienta interactiva integra indicadores de natalidad, envejecimiento, mortalidad y migración provenientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos y del Departamento de Salud.

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El observatorio facilita el acceso a estadísticas desagregadas a nivel municipal para respaldar la planificación pública y la toma de decisiones, estando disponible de forma directa en el portal oficial del censo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

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Según la versión ofrecida por un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la intervención respondía a un operativo para arrestar a un individuo previamente condenado en múltiples ocasiones y presuntamente vinculado a la banda criminal Los Trinitarios.

El DHS sostuvo que el hombre había sido detenido por la policía local en diciembre de 2023, pero fue liberado días después debido a las políticas santuario de la ciudad. Durante el operativo, el agente empleó su arma de fuego, dejando herido al sujeto, quien recibió auxilio inmediato y fue trasladado a un centro médico fuera de peligro vital.

El suceso generó un inmediato rechazo de las autoridades locales. En una rueda de prensa efectuada en la escena, el alcalde de New York, Zohran Mamdani, calificó lo ocurrido como un “incidente indignante”.

Mamdani denunció que los oficiales federales rodearon el vehículo portando chalecos de construcción y mascarillas sin identificación visible antes de abrir fuego, en una calle concurrida por transeúntes. Afortunadamente, el niño que viajaba en el asiento trasero resultó ileso.

El alcalde reveló que intentó negociar infructuosamente con el gobierno federal la liberación del herido, pero los agentes finalmente lo trasladaron bajo su custodia. Por su parte, la gobernadora estatal, Kathy Hochul, exigió a las autoridades federales esclarecer con urgencia las circunstancias del suceso.

Este operativo reavivó el histórico conflicto político entre la administración federal y la ciudad de New York, bastión demócrata que limita la cooperación con los organismos migratorios. Sin embargo, la actividad del ICE ha registrado un notable incremento en la metrópoli, alcanzando 5.567 arrestos entre enero de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con auditorías oficiales.

La indignación social no se hizo esperar. Durante la noche, manifestantes y defensores de los derechos de los inmigrantes se congregaron en el lugar de los hechos y posteriormente marcharon hacia las inmediaciones del hospital.

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Se registraron momentos de tensión cuando algunos manifestantes intentaron bloquear la salida de vehículos del recinto asistencial, obligando a las fuerzas del orden a colocar barreras de seguridad.

La organización New York Immigration Coalition exigió una investigación exhaustiva e independiente, demandando además la publicación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados.

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Los nuevos costos entrarán en vigor a partir del 16 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, toda solicitud que sea enviada por correo matasellado deberá incluir el pago actualizado correspondiente. La agencia advirtió que cualquier expediente recibido sin la tarifa adecuada será rechazado de manera automática.

Entre los cambios estipulados por el Departamento de Seguridad Nacional, la Tarifa Anual de Solicitud de Asilo pasa de 102 dólares a 105 dólares. El Formulario I-131, utilizado para documentos de viaje y permisos de permanencia temporal, incrementa su costo de 1.020 dólares a 1.050 dólares.

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Por su parte, el Formulario I-765 para la primera solicitud de Autorización de Empleo (EAD) por parte de peticionarios de asilo, beneficiarios de permiso de permanencia temporal o de Estatus de Protección Temporal (TPS) sube de 560 dólares a 570 dólares. Asimismo, la tarifa para el Formulario I-821, correspondiente a la Solicitud de Estatus de Protección Temporal, se ajusta de 510 dólares a 520 dólares.

Estos incrementos anuales forman parte del esquema de actualización continua contemplado por USCIS para mantener el financiamiento de sus procesos operativos.

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El caso de Jesús Campusano, un soldador de 52 años residente de Bajos de Haina, ilustra la gravedad de la situación. Atraído por un anuncio en internet que ofrecía un salario en dólares para ejercer su oficio a casi 10.000 kilómetros de su país, viajó a finales de julio a la ciudad rusa de Kazán.

Al llegar, le hicieron firmar un contrato en idioma ruso que no pudo entender, le retiraron el pasaporte y lo condujeron a una base militar. Su hermana, Cristina Campusano, relata con desesperación que su hermano le advirtió por mensaje de texto que estaba a punto de ser enviado a la línea de combate.

Casos similares reflejan un patrón recurrente. Maico Enrique Campusano, de 33 años y oriundo de la misma localidad, viajó en agosto bajo la promesa de trabajar como publicista, tras una ruta que incluyó escalas en Panamá y Estambul.

Al arribar a Rusia, fue integrado a intensos entrenamientos militares diarios. Su madre, Jaqueline del Carmen Feliz, pide la intervención urgente del gobierno para lograr el retorno de su hijo antes de que sufra las consecuencias de un conflicto bélico ajeno.

Frente a esta coyuntura, el presidente dominicano Luis Abinader confirmó durante su estancia en New York que las autoridades han identificado oficialmente a 20 dominicanos captados mediante engaños e informó sobre una investigación en curso. Aunque el mandatario aclaró que la ley no puede prohibir los viajes voluntarios, instó a la población a informarse detalladamente antes de firmar compromisos laborales en el extranjero.

Por su parte, organizaciones no gubernamentales señalan una dimensión mucho mayor del problema. Carlos Sánchez Díaz, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, calcula que cerca de un centenar de dominicanos vulnerables han sido víctimas de estas falsas ofertas para desempeñarse como mecánicos, soldadores o publicistas. Según la organización, la estructura de captación opera como una red internacional de trata de personas que explota la necesidad económica de los ciudadanos.

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Esta problemática no se limita a la República Dominicana. Amnistía Internacional ha denunciado previamente maniobras de alistamiento forzado mediante engaños a ciudadanos de países como Cuba, Colombia, Perú y Brasil.

Entre la angustia familiar y la desinformación, las víctimas continúan atrapadas en territorio ruso a la espera de una acción diplomática efectiva que logre rescatarlas del frente de batalla.

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El documento, titulado “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE”, detalla graves irregularidades ocurridas bajo las políticas impuestas por el Gobierno de Donald Trump.

Los hallazgos se concentran en ciudades estratégicas como Chicago, Minneapolis-St. Paul, New Orleans y Washington, D.C. Según sostiene la ONG, las conductas analizadas no constituyen hechos aislados ni excepcionales, sino que responden a un patrón sistemático y recurrente de atropellos promovido desde las altas esferas gubernamentales.

Entre las imputaciones más severas vertidas en la investigación destacan homicidios ilícitos que podrían catalogarse como ejecuciones extrajudiciales, así como detenciones en régimen de incomunicación, arbitrarias y discriminatorias.

La entidad alertó que estas acciones han derivado en posibles desapariciones forzadas y confinamientos en condiciones degradantes que vulneran la prohibición internacional de la tortura. A esto se suma la represión violenta ejercida contra manifestaciones pacíficas y el uso recurrente de tácticas intimidatorias.

La investigación de Amnistía Internacional se sustenta en entrevistas en profundidad realizadas a 154 personas en las cuatro zonas bajo escrutinio. Los testimonios visibilizan prácticas violentas orientadas al perfilamiento racial.

Entre los relatos destaca el de Liish Kozlowski, representante del estado de Minnesota, quien denunció cómo su prima embarazada y de origen nativo americano fue agredida a punta de pistola en su vehículo junto a su esposo por agentes del ICE, quienes ignoraron su identificación tribal bajo insultos sobre la soberanía territorial.

La ONG también subrayó que los funcionarios federales actuaron de manera habitual encapuchados y sin portar identificación visible, sumando a ello un escenario de impunidad casi absoluta, donde los excesos no derivan en investigaciones formales ni en una rendición de cuentas efectiva.

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Ante este panorama, la directora ejecutiva de AI en Estados Unidos, Nadia Daar, enfatizó que agentes armados actuando con impunidad en las calles generan peligro en lugar de seguridad.

Daar puntualizó que, si bien el historial de abusos del ICE es de larga fecha, los patrones recientes han alcanzado niveles de extrema gravedad orientados a sembrar el miedo entre migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Por estas razones, la organización concluyó que la única vía razonable para frenar estas arbitrariedades es la abolición definitiva del organismo.

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Desde enero de 2025, la administración de Donald Trump ha firmado acuerdos con más de 35 naciones en desarrollo —entre ellas Burundi, Libia y Sudán del Sur— para asumir el traslado de migrantes que no pueden ser devueltos legalmente a sus lugares de origen.

Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaron que esta práctica incrementa los riesgos de tortura, desapariciones forzadas y malos tratos. Asimismo, vulnera el principio consuetudinario de non-refoulement (no devolución) al obligar a diversos Gobiernos a recibir aviones cargados de refugiados expulsados del territorio estadounidense.

Hasta el momento, al menos 23.000 ciudadanos extranjeros han sido deportados bajo esta modalidad. Según el comunicado, las víctimas son enviadas a territorios con los que no guardan ningún vínculo, lo que representa una experiencia traumática que agrava los daños sufridos previamente. En otros casos, los deportados enfrentan violencia o discriminación por motivos de género, orientación sexual o activismo en favor de las libertades fundamentales.

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Los expertos concluyeron que este mecanismo allana el camino a detenciones arbitrarias, trata de personas y esclavitud. Quienes corren los mayores peligros son niños, mujeres, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos, para quienes las consecuencias de estas expulsiones pueden resultar fatales.

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La cancillería exhortó a la población a actuar con extrema cautela y verificar minuciosamente la procedencia de los contratos, la identidad del empleador y las condiciones laborales, especialmente cuando la gestión se realice por medios digitales o mediante intermediarios sin acreditación comprobable.

La medida surge tras el impacto mediático del caso de Juan Carlos Ávila Espaillat, un dominicano de 28 años que comparte imágenes en redes sociales vistiendo uniforme militar y portando armas en el frente ruso. Ávila Espaillat, quien resultó herido por un dron y una mina, ha difundido videos desde la zona de combate, evidenciando la presencia de latinoamericanos en la confrontación.

 

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Ante esta situación, el canciller dominicano, Víctor Bisonó, abordó el tema directamente con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante un encuentro en la Asamblea General de la ONU. Bisonó trasladó formalmente la preocupación del Gobierno dominicano, ante lo cual Lavrov encomendó al departamento de su ministerio para América Latina dar seguimiento al caso y mantener canales de comunicación bilaterales activos.

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Esta advertencia se enmarca en un contexto global crítico, donde el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Moscú recurre al reclutamiento de combatientes provenientes de al menos 47 nacionalidades para alimentar sus filas en el frente.

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Las autoridades de Estados Unidos reportaron 12.082 aprehensiones entre enero y julio, lo que representa una disminución del 39 %. La contracción por país alcanzó un 51,9 % para El Salvador, un 42,6 % para Honduras y un 32,8 % para Guatemala.

Por su parte, México registró 9.659 detenciones entre enero y junio, cifra un 59,5 % menor respecto a los 23.875 casos reportados el año anterior. En territorio mexicano, los arrestos de ciudadanos salvadoreños se desplomaron un 91,2 %, mientras que los de hondureños cayeron un 52,2 % y los de guatemaltecos un 27,3 %.

Los datos provienen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense y de la Unidad de Política Migratoria de México. Históricamente, cerca de medio millón de personas de este bloque regional intentaban ingresar de forma irregular a Estados Unidos cada año.

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Sin embargo, el flujo se redujo drásticamente debido a las estrictas políticas antimigratorias impuestas por la administración de Donald Trump. Asimismo, las autoridades de El Salvador atribuyen el descenso de sus nacionales a las mejoras en materia de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele.

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