De acuerdo con datos publicados por The New York Times, la sede de ICE en Miami ha registrado 41.310 arrestos desde enero de 2025. De ese total, 9.880 corresponden a lo que va de 2026, la cifra más alta entre todas las oficinas del país.

El reporte indica que Miami supera en un 36% al segundo lugar, Dallas, que acumula 30.350 detenciones. Le siguen ciudades como New Orleans, Houston, Atlanta, Chicago y San Antonio, con cifras también elevadas pero inferiores.

La organización Americans For Immigrant Justice atribuye este aumento a las políticas migratorias implementadas en Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis. En particular, destaca la adopción obligatoria de los acuerdos 287(g), que permiten la colaboración entre autoridades locales y federales en la detención de migrantes.

El contexto demográfico también influye. En el condado de Miami-Dade, el 54,5% de la población nació en el extranjero, la proporción más alta del país, según datos oficiales.

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A nivel nacional, un informe de la Universidad de California en Berkeley señala que los arrestos de ICE se han cuadruplicado durante la actual administración en comparación con el periodo de Joe Biden. Asimismo, se reporta un incremento significativo en la detención de personas sin antecedentes penales, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos migratorios.

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“Tengo miedo. No quería venir al Congo, no conozco el idioma”, relata Gabriela, una colombiana de 30 años que forma parte del grupo. Según su testimonio, los migrantes fueron trasladados tras un vuelo de 27 horas, esposados de manos y pies, y solo fueron informados de su destino pocos días antes de ser expulsados.

Este traslado forma parte de un plan impulsado por Washington que contempla enviar a migrantes indocumentados a terceros países. La República Democrática del Congo se suma así a una lista de naciones africanas que han aceptado recibir a estas personas, aunque con escasa información sobre las condiciones de estancia o las opciones disponibles para ellos.

Desde su llegada, los migrantes permanecen en un complejo cercano al aeropuerto, donde viven bajo estrictas restricciones; no pueden salir ni recibir visitas. El lugar está vigilado por fuerzas de seguridad, mientras que en el exterior se observan vehículos policiales y militares.

La falta de comunicación es uno de los principales obstáculos. Ninguno de los migrantes habla francés, idioma oficial del país, lo que dificulta cualquier interacción. Durante el día, se mantienen en contacto con sus familias a través de teléfonos móviles, en busca de apoyo y orientación.

Además, varios de ellos han reportado problemas de salud, incluyendo fiebre, vómitos y malestares estomacales. Aunque han recibido algunos medicamentos, aseguran que no han sido atendidos por personal médico. “Nos dicen que es normal y que debemos adaptarnos”, denuncia Gabriela.

De acuerdo con los propios migrantes, recibieron un visado temporal de siete días, con posibilidad de extensión. Sin embargo, temen quedar desamparados si no aceptan un programa de repatriación voluntaria. “Nos presionan diciendo que, si no aceptamos, nos dejarán a nuestra suerte”, afirma Gabriela, quien califica la situación como “inhumana e injusta”.

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Aunque algunos reconocen que cuentan con alimentación y alojamiento básicos, la incertidumbre sobre su futuro predomina. Hugo Palencia, otro migrante colombiano, asegura que preferiría aceptar cualquier documento que le permita salir del país. “Tengo más miedo de estar aquí que en mi propio país”, confiesa.

Mientras tanto, la vida continúa en el exterior del complejo, en una ciudad marcada por la pobreza y la precariedad, lo que aumenta la angustia de quienes esperan una solución a miles de kilómetros de su hogar.

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La decisión judicial responde a una disputa legal impulsada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes argumentaban que la instalación debía someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción, al encontrarse en la zona de los Everglades, un ecosistema sensible y de gran biodiversidad.

Sin embargo, la Corte determinó que los demandantes no lograron demostrar que el centro estuviera bajo control federal, condición necesaria para exigir dicho análisis ambiental. En su fallo, los jueces concluyeron que la instalación es financiada con recursos estatales, lo que exime el cumplimiento de ciertas normativas federales en esta materia.

La orden de cierre había sido emitida en agosto por la jueza de distrito Kathleen Williams, pero quedó suspendida mientras avanzan los procesos legales. Con esta nueva resolución, el centro permanece operativo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha defendido el proyecto desde su inicio, asegurando que fue financiado con fondos estatales y construido con rapidez para responder a la presión migratoria.

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Por su parte, organizaciones como Friends of the Everglades han criticado la falta de transparencia sobre el número de detenidos y las condiciones del lugar. Sus representantes anunciaron que continuarán la batalla legal para lograr el cierre definitivo del centro, al que consideran perjudicial para el medio ambiente.

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El reporte, elaborado por el Proyecto Migrantes Desaparecidos, documenta además que más de 80.000 personas han muerto o desaparecido en procesos migratorios desde 2014. La agencia subraya que estos datos representan solo una estimación mínima, debido a las limitaciones para recopilar información en muchas regiones.

“La continuidad de estas cifras refleja un fracaso mundial a la hora de prevenir muertes evitables”, indicó la OIM en su informe anual. La organización reiteró la urgencia de adoptar medidas concretas para proteger a las personas que se ven obligadas a migrar en condiciones peligrosas.

Según el informe, la leve disminución registrada en 2025 se debe en parte a una reducción en el número de personas que intentan cruzar rutas irregulares, especialmente en el continente americano. Sin embargo, también influye la falta de recursos financieros que enfrentan las organizaciones humanitarias encargadas de documentar estos casos.

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En lo que va de 2026, la OIM ya ha registrado al menos 1.723 migrantes muertos o desaparecidos, lo que sugiere que la crisis continúa sin cambios significativos. La agencia insistió en que la comunidad internacional debe reforzar la cooperación y establecer políticas más seguras para evitar que estas cifras sigan en aumento.

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El caso sería revisado en días posteriores al encargo por el juez federal Fred Biery, quien evaluará dicha recomendación judicial junto con los argumentos presentados por los abogados defensores y el Gobierno. La familia llegó a Estados Unidos en 2022 y mantiene una solicitud de asilo pendiente en medio de un proceso marcado por decisiones contradictorias y prolongados periodos de detención.

El esposo de Hayam, Mohamed Sabry Soliman, fue arrestado en 2025 acusado de participar en un ataque contra asistentes a una manifestación pro-Israel en Colorado. Sin embargo, tanto la mujer como su equipo legal sostienen que ella y sus hijos desconocían los planes del hombre, afirmación que fue respaldada por un agente del FBI ante un tribunal federal. Tras la detención de su esposo, Hayam inició un proceso de divorcio.

A pesar de que un juez de migración concedió en septiembre la libertad bajo fianza a la familia, el Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión, prolongando su permanencia en el centro. En febrero, la defensa presentó un habeas corpus argumentando violaciones al debido proceso, lo que derivó en la reciente recomendación judicial.

La jueza Chestney destacó en su resolución que la privación de libertad ha sido “considerable” y advirtió sobre los efectos negativos de la detención en menores. Subrayó que cada día adicional bajo custodia incrementa el riesgo de daños psicológicos y físicos duraderos, especialmente en contextos prolongados como el presente caso.

La familia está compuesta por cinco menores y jóvenes, incluidos dos gemelos de cinco años. La hija mayor, de 18 años, fue separada del resto dentro del centro, lo que los abogados consideran una represalia por haber ofrecido declaraciones a medios de comunicación.

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Asimismo, la magistrada consideró “incuestionable” que la familia ha sido señalada por las autoridades debido a los actos del padre, pese a la falta de evidencia que los vincule con el delito. Durante este tiempo, también se han reportado denuncias por condiciones inadecuadas y falta de atención médica en Dilley, un centro que ha sido objeto de críticas por organizaciones civiles y legisladores.

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Los legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart apoyaron el proyecto, rompiendo la línea mayoritaria de su partido. Los tres representan distritos con una significativa población haitiana y buscan la reelección en noviembre próximo.

La medida fue aprobada con 224 votos a favor y 204 en contra, con el respaldo de todos los demócratas y diez republicanos. El proyecto establece que el Departamento de Seguridad Nacional debe designar a Haití para el TPS, lo que permitiría a hasta 350.000 haitianos evitar la deportación y obtener permisos de trabajo en el país.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta ahora un camino incierto en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Además, requerirá la firma del presidente Donald Trump, quien ha impulsado previamente la eliminación de este programa.

El debate ocurre en medio de tensiones legales, luego de que la Administración intentara cancelar el TPS para haitianos el año pasado. Esa decisión fue bloqueada por un juez federal y posteriormente suspendida de forma indefinida mientras el caso espera revisión por la Corte Suprema.

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El TPS es un mecanismo que permite a ciudadanos de países afectados por crisis permanecer temporalmente en Estados Unidos bajo protección legal.

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El grupo, compuesto por 17 hombres y 8 mujeres de nacionalidades diversas como China, India, Kenia y Marruecos, fue sometido a chequeos médicos. Aunque tres personas requirieron atención hospitalaria, la Defensoría aclaró que se trató de cuadros “no complejos”. En este contingente, vinculado a un acuerdo bilateral firmado en marzo, no se identificaron menores de edad, adultos mayores ni mujeres embarazadas.

Además de la salud, los migrantes cuentan con apoyo psicosocial, traducción y comunicación con sus familias. Se les ha informado sobre la opción del retorno voluntario asistido, un punto que ha generado controversia. La organización Refugees International expresó su preocupación, advirtiendo que estas personas podrían enfrentar persecución si son presionadas a regresar a sus países de origen sin haber podido presentar sus casos de asilo en EEUU.

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Este traslado forma parte de un convenio que permite enviar hasta 25 personas por semana a territorio costarricense. El Gobierno de Rodrigo Chaves defiende que el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos, pese a las críticas de ONG que denunciaron vulneraciones en procesos similares ocurridos durante el año 2025.

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El secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, dijo el jueves que Todd Lyons estará en ICE hasta el 31 de mayo.

La fuerza federal ha sido criticada por las brutales redadas contra inmigrantes en los últimos meses.

“Ha sido un gran líder”, dijo Mullin en un comunicado, y le deseó suerte en “sus próximas oportunidades en el sector privado”.

Trump nombró a Lyons como director interino de ICE en marzo de 2025. Fue una “pieza clave” en la campaña antiinmigración del presidente, dijo Mullin.

El secretario no dio razones para la salida de Lyons ni anunció su reemplazo.

Entre los incidentes protagonizados por ICE están los casos de dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, que murieron abaleados por agentes federales cuando se manifestaban en Minneapolis a comienzos de este año.

En una audiencia al Departamento de Seguridad Nacional, Lyons defendió el trabajo del ICE.

“El presidente nos encomendó las deportaciones masivas, y estamos cumpliendo con ese mandato”, dijo al Congreso.

La salida de Lyons se produce un mes después de que Gregory Bovino, la cara visible de las redadas migratorias de Trump, renunciara a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras la indignación provocada por los violentos operativos en Minneapolis.

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La campaña contra la inmigración irregular ayudó a Trump a ser elegido en 2024.

Pero sus índices de aprobación han caído en parte por la muerte de los estadounidenses, los videos de agentes con con el rostro cubierto que agarran a la fuerza a personas e informes de acusaciones contra migrantes basadas en pruebas endebles.

Por AFP

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El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía comenzó a principios de abril del presente año el envío masivo de notificaciones a aquellos solicitantes de refugio que cruzaron la frontera sur a partir del 3 de junio de 2025. Según estimaciones oficiales, esta disposición legal podría afectar a cerca de 30.000 personas que se encuentran en un limbo jurídico tras las reformas aprobadas en marzo pasado.

El núcleo de la controversia radica en que la Ley C-12 elimina el derecho a una audiencia ante el Consejo de Inmigración y Refugiados (CIR) para quienes ingresaron bajo ciertas condiciones de irregularidad. Anteriormente, los solicitantes tenían la oportunidad de exponer sus casos de manera individual, un proceso que garantizaba un análisis exhaustivo de los riesgos de retorno. Sin embargo, bajo la presión del Bloque Quebequés (BQ), el Parlamento optó por suprimir este paso para desincentivar lo que consideran un “efecto llamada” desde Estados Unidos.

La carta enviada por las autoridades es explícita: “Debe abandonar Canadá lo antes posible y confirmar su salida con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Si no abandona Canadá, se podrá emitir una orden de deportación”.

La respuesta de los defensores de derechos humanos no se ha hecho esperar. Abogados de inmigración consultados por el diario The Globe and Mail han manifestado su profunda preocupación por el destino de estas familias. Al ser devueltos a territorio estadounidense, muchos migrantes corren el riesgo de ser detenidos de inmediato por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), enfrentando procesos de expulsión a sus países de origen en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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Incluso, algunos juristas han denunciado que las misivas del Ministerio contienen “declaraciones falsas” o engañosas que buscan coaccionar a los extranjeros para que renuncien a sus derechos remanentes.

Con la eliminación de las audiencias para quienes solicitaron refugio un año después de su llegada (aplicable a entradas posteriores a junio de 2024), Canadá cierra una de las puertas que históricamente la posicionaron como un refugio seguro, priorizando ahora la celeridad administrativa sobre el derecho al debido proceso migratorio.

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Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo Estados Unidos han suscrito estos acuerdos de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El esquema de pago incluye un desembolso base de 100.000 dólares por departamento y un bono adicional de 7.500 dólares por cada agente que se incorpore al programa. No obstante, documentos internos filtrados revelan que los oficiales solo comienzan a percibir estos incentivos tras realizar su primer arresto.

Aunque el DHS justificó inicialmente la medida como una herramienta para capturar a criminales peligrosos y terroristas, las estadísticas contradicen este discurso. Datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse indican que más del 70% de los retenidos en centros de detención no tienen condenas previas. La mayoría de los imputados enfrentan cargos por infracciones menores, como faltas de tráfico.

Felicity Rose, vicepresidenta de FWD.us, advirtió que estos estímulos económicos “incentivan el sesgo racial” y desvían la labor policial hacia la persecución de faltas administrativas.

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La implementación del programa es especialmente fuerte en Florida, con 270 departamentos adheridos y 149 millones de dólares recibidos, y en Texas, con 161 acuerdos.

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