El número de indocumentados que entró en Estados Unidos a lo largo de la presidencia del demócrata Joe Biden (2017-2021) es objeto de polémica en Estados Unidos.

Unos 52 millones de inmigrantes (nacidos fuera de Estados Unidos) viven actualmente en el país, de acuerdo al centro de análisis Pew Center, con datos oficiales de agosto de 2025.

Unos 14 millones están en situación irregular, un récord histórico, según datos de 2023.

“Hemos hallado a 146.000 chicos hasta ahora. Aún tenemos a cerca de 300.000 desaparecidos” declaró en rueda de prensa el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Según el gobierno, la mayoría de los menores identificados estaban en hogares de acogida, donde eran enviados de forma provisional tras ser detenidos por las fuerzas del orden.

Según la directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), Angie Salazar, se identificaron “más de 81.000 direcciones que fueron utilizadas repetidamente para acoger a niños”.

En muchos de esos hogares las familias de acogida tenían numerosos menores a su cargo.

Sin detallar cuántos, la responsable afirmó además que algunos de los 146.000 menores identificados sufrieron abusos sexuales, algunos cometieron crímenes y otros fallecieron.

Las autoridades del gobierno anterior “permitieron que patrocinadores sin verificar vinieran a recoger a 450.000 niños en nuestras fronteras”, acusó Mullin.

De acuerdo a un informe interno del DHS de marzo de 2025, “de los 448.820 menores no acompañados que ICE (la agencia de control migratorio) transfirió a la ORRR entre 2019 y 2023, la mayoría fueron entregados a patrocinadores”.

Los menores indocumentados que ahora son adultos están en proceso de deportación.

Mullin afirmó que actualmente sólo hay una instalación, en Texas, para acoger a familias con menores que entran ilegalmente por el sur, porque los controles fronterizos redujeron drásticamente el problema.

Las medidas drásticas contra la inmigración ilegal, y las grandes dificultades para que los migrantes legales puedan asentarse en el país, han creado polémica dentro y fuera de Estados Unidos.

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Las redadas en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis provocaron muertos durante las protestas ciudadanas, pero el gobierno federal asegura que esas grandes operaciones policiales continuarán próximamente en ciudades santuario como Nueva York.

“La única manera en que vamos a poder localizarlos [a los menores] es trabajar con fuerzas de seguridad locales” explicó en un evento organizado por la fundación Heritage John Fabbricatore, exconsejero del secretario de Salud.

Por: AFP

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El 17 de abril, 15 hombres y mujeres oriundos de Colombia, Ecuador y Perú aterrizaron en la capital congoleña, Kinshasa, en el marco de un controvertido dispositivo estadounidense de expulsión de extranjeros en situación irregular hacia terceros países.

El presidente estadounidense Donald Trump amplió recientemente las expulsiones de extranjeros a nuevas categorías de personas, incluidas algunas que gozan de protección jurídica contra el retorno a su país.

La llegada de los 15 latinoamericanos en abril fue el primer envío de migrantes expulsados por Estados Unidos a la RDC.

Este extenso país de África Central se sumó así a la lista de Estados africanos que aceptaron formar parte del programa estadounidense de expulsiones, entre los que se encuentran Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, Camerún y Esuatini.

Estos acuerdos han ido acompañados a menudo de apoyo financiero o logístico estadounidense, ya que el objetivo de Washington es lograr que los migrantes abandonen rápidamente su territorio.

“Hasta la fecha, más de la mitad de los 15 ciudadanos admitidos en el territorio nacional el 17 de abril en el marco de este dispositivo ya abandonaron la República Democrática del Congo para regresar a sus países de origen”, indicó el Ministerio de Comunicación congoleño en un comunicado.

“Próximamente se producirán otras salidas en el marco de la aplicación del dispositivo”, prosiguió, añadiendo que “estas evoluciones confirman el carácter estrictamente transitorio” del dispositivo.

La llegada de migrantes latinoamericanos a Kinshasa había suscitado fuertes críticas por parte de la sociedad civil y en las redes sociales congoleñas.

La RDC es uno de los países más pobres del mundo. La mayoría de los habitantes de Kinshasa no tiene acceso estable ni al agua corriente ni a la electricidad. Cerca del 75% de los congoleños vive bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.

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La AFP había recabado los testimonios de varios migrantes llegados a Kinshasa. La mayoría, que no hablaba francés -el idioma oficial en RDC-, había expresado su preocupación y manifestado su deseo de salir rápidamente del país.

La oenegé de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch estimó en septiembre que estas expulsiones por parte de Estados Unidos en el marco de “acuerdos opacos” violaban el derecho internacional y debían ser rechazadas.

Por AFP

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El juez de distrito John McConnell afirmó que las restricciones impuestas a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionales de 39 países eran ilegales.

“Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente obtener decisiones definitivas relativas, entre otras cosas, a sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia permanente o naturalización”, subrayó el juez. 

Citó una publicación de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En diciembre, Noem afirmó en X haber recomendado al presidente Donald Trump “una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado” Estados Unidos “con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo”.

Esa recomendación se aplicó de inmediato, y las solicitudes de tarjetas de residencia -la famosa “green card”- o de naturalización quedaron suspendidas para personas de 19 de los países más pobres del mundo.

Doce de esos países ya enfrentaban una prohibición de entrada en territorio estadounidense desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

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A ellos se sumaban otros siete (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela) sometidos desde la misma fecha a restricciones en la expedición de visados.

Veinte países fueron añadidos posteriormente a la lista en diciembre de 2025.

El juez reprocha en particular al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) “justificar sus actos por preocupaciones de ‘seguridad nacional’ que en realidad son pretextos para disimular prejuicios antiinmigrantes”.

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una prioridad absoluta, aludiendo a una “invasión” del país por parte de “delincuentes procedentes del extranjero”. 

Pero su programa de deportaciones masivas ha sido frustrado o frenado por múltiples decisiones judiciales.

Por: AFP

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El proyecto de ley financiaría a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, otorgando al líder republicano una importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo.

El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

La votación ocurre tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones.

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Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Los republicanos rechazaron esas exigencias y optaron en su lugar por financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza mediante el proceso acelerado de “reconciliación presupuestaria”, que les permite sortear la oposición demócrata si consiguen mantener unidos a sus propios miembros.

La votación del Senado se produjo tras una jornada maratónica el jueves donde se votaron varias enmiendas.

Por: AFP

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El proyecto ambiental prevé una inversión inicial de tres millones de dólares por parte del gobierno estadounidense, según confirmó su embajador en Panamá, Kevin Cabrera. Durante un acto oficial liderado por el mandatario panameño, José Raúl Mulino, en la localidad de Metetí, se detalló que el objetivo primordial es remover plásticos, ropa y embarcaciones precarias. El Ministerio de Ambiente local estima que existen unas 2.500 toneladas de basura esparcidas en esta importante reserva natural.

Las autoridades afirmaron que la ejecución de esta limpieza es posible debido a que el flujo migratorio por la peligrosa jungla prácticamente se detuvo. Ambas delegaciones atribuyen este freno al cierre del paso fronterizo mediante los esfuerzos coordinados entre el presidente Mulino y su homólogo Donald Trump, tras el regreso de este último al poder.

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El plan de saneamiento será ejecutado directamente por las instituciones panameñas en un contexto complejo. Pese a la notable disminución de viajeros, diversos organismos humanitarios advierten que en la región aún operan peligrosos grupos criminales que ahora acosan a las personas que regresan frustradas hacia el sur del continente al no poder ingresar a territorio estadounidense.

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El texto oficial afirma de forma satírica que, durante sesenta años, el Gobierno guardó el secreto de que estos “alienígenas” caminaban por los vecindarios e iban a las escuelas, con la única excepción de que no pertenecen al país. En inglés, el término utilizado posee la doble connotación de extranjero y de ser de otro planeta. Incluso, el sitio web añade que si alguien presencia una “abducción”, no debe alarmarse, pues la agencia migratoria se encargará de devolver al individuo a su lugar de origen.

Actualmente, unos 52 millones de inmigrantes residen en la nación norteamericana. De esta cifra global, cerca de 14 millones corresponden a ciudadanos indocumentados, un récord histórico registrado desde el año 2023.

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Esta campaña coincide con la política de redadas masivas impulsada por el gobierno de Donald Trump, la cual ha provocado grandes movilizaciones ciudadanas y fuertes enfrentamientos con varios estados demócratas que rechazan cooperar con las autoridades federales. Según las cifras defendidas por el Ejecutivo, cerca de tres millones de inmigrantes irregulares ya salieron del territorio nacional, la mayoría mediante salidas de carácter voluntario.

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La nueva norma, que entró en vigor en fecha reciente, anula la posibilidad de realizar el tradicional ajuste de estatus migratorio dentro de las fronteras de la nación. A partir de ahora, los extranjeros que ya residen en el país deberán tramitar de manera obligatoria su tarjeta de residencia a través de las sedes consulares en el exterior. Esta restrictiva disposición rompe de manera abrupta con una práctica legal establecida y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos desde 1952.

Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política de inmigración del Economic Policy Institute (EPI), advirtió sobre las devastadoras consecuencias de este cambio. Costa señaló que la medida complicará las vidas de millones de personas que se verán forzadas a abandonar sus puestos laborales en territorio norteamericano. Asimismo, el especialista destacó que, de no contar con la opción de trabajar de manera remota, la mayoría perderá sus empleos y sufrirá graves pérdidas económicas, además de enfrentar una dolorosa separación familiar que podría prolongarse por meses o años.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) correspondientes al año fiscal 2024, el 58% de los 1,35 millones de migrantes que obtuvieron la residencia legal lo hicieron bajo la modalidad de ajuste de estatus interno. Esto equivale a 782.770 personas que hoy se verían obligadas a salir del país para concluir su proceso.

Por su parte, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó que el mayor impacto recaerá sobre aquellos inmigrantes que poseen vínculos familiares directos en Estados Unidos, ya que la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Benjamín Johnson, director ejecutivo de la organización, desmintió la postura gubernamental que minimiza el trámite, calificando de “desinformación peligrosa” la idea de que solo se trata de adquirir un pasaje aéreo.

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Los representantes de AILA explicaron que el memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es sumamente impreciso y no aclara las excepciones del proceso legal. Además de las familias, la medida perjudicará de forma directa a profesionales y especialistas con empleos vigentes, trabajadores del sector religioso y beneficiarios de programas de protección humanitaria como el TPS o el ‘parole’, sumiendo en la incertidumbre total y absoluta a las comunidades enteras asentadas en el país.

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La decisión impacta directamente a miles de extranjeros que permanecen en territorio estadounidense con visas temporales, como turistas, estudiantes o trabajadores, y que esperaban solicitar la green card sin abandonar el país mediante el Formulario I-485.

Hasta ahora, el ajuste de estatus representaba una de las alternativas más utilizadas por personas que cumplían con ciertos requisitos legales y contaban con una petición migratoria válida, ya fuera familiar o laboral. Con la nueva política, USCIS busca que ese procedimiento deje de considerarse una vía habitual para obtener la residencia permanente.

En un comunicado oficial, la agencia sostuvo que las visas temporales fueron creadas para permitir ingresos limitados y con fines específicos, no necesariamente como un paso previo hacia la residencia permanente. Según USCIS, el objetivo de la medida es reforzar la intención original de la ley migratoria y evitar el uso de “lagunas legales”.

El portavoz de la agencia, Zach Kahler, explicó que las personas que se encuentren temporalmente en Estados Unidos y deseen obtener una green card deberán regresar a su país de origen para completar el trámite a través de una embajada o consulado estadounidense, salvo que logren demostrar circunstancias extraordinarias.

La nueva guía también instruye a los oficiales migratorios a tratar cada solicitud de ajuste de estatus como una decisión discrecional. Esto significa que ya no bastará únicamente con cumplir requisitos básicos establecidos por la ley, sino que cada caso será evaluado individualmente bajo criterios más estrictos.

Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es la falta de detalles sobre qué situaciones serán consideradas “circunstancias extraordinarias”. USCIS no publicó una lista específica, por lo que abogados y especialistas migratorios consideran que la interpretación de esa categoría será determinante para conocer el verdadero alcance de la medida.

El anuncio ocurre en medio de un contexto de endurecimiento migratorio y podría afectar a personas con solicitudes pendientes, peticiones aprobadas o procesos familiares y laborales ya iniciados.

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Especialistas recomiendan a quienes estén considerando solicitar la residencia permanente consultar con un abogado de inmigración antes de tomar decisiones, especialmente en casos donde salir de Estados Unidos pueda activar castigos migratorios o perjudicar procedimientos en curso.

La nueva política fue publicada junto con el memorando PM-602-0199, documento que establece las directrices para que los oficiales de USCIS apliquen esta discreción en los casos de ajuste de estatus.

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El encuentro se realizó entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Interior de EEUU, Markwayne Mullin, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas y nuevas presiones en materia de seguridad y narcotráfico.

De acuerdo con la Cancillería mexicana, los datos oficiales muestran una reducción del 90% en los encuentros entre migrantes irregulares y autoridades estadounidenses entre octubre de 2024 y mayo de 2026.

“Como resultado del trabajo coordinado del Gobierno de México, los encuentros con personas en situación migratoria irregular en la frontera sur de Estados Unidos han disminuido de manera sostenida, alcanzando su nivel más bajo en los últimos 50 años”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Durante la reunión, ambos gobiernos revisaron avances en la agenda bilateral de seguridad y migración, temas prioritarios para Washington bajo el segundo mandato de Donald Trump, cuya administración mantiene una política migratoria más restrictiva.

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El encuentro también ocurrió pocos días después de que EEUU solicitara a México la captura y extradición de un gobernador estatal y otros funcionarios locales presuntamente vinculados con el narcotráfico.

A pesar de las diferencias diplomáticas recientes, ambos países destacaron la cooperación bilateral como un factor clave en la reducción de los flujos migratorios irregulares hacia territorio estadounidense.

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Según informaron las autoridades en un comunicado, la organización habría introducido ilegalmente en España a al menos 40 cubanos desde 2021, cobrando cerca de 3.500 dólares por persona para facilitar todo el trayecto migratorio.

La investigación reveló que la red ofrecía a los migrantes una especie de “bolsa de viaje” que incluía boletos de avión y documentación necesaria para viajar inicialmente a Belgrado, Serbia, país que permitía su ingreso sin generar sospechas.

Una vez en territorio serbio, miembros de la organización trasladaban a los cubanos por vía terrestre a través de Macedonia del Norte hasta Grecia, con el objetivo de ingresar al espacio Schengen y continuar el recorrido por distintos países europeos hasta llegar finalmente a España.

De acuerdo con la policía, al arribar a territorio español los migrantes solicitaban protección internacional alegando la pérdida de sus pasaportes. Con esta estrategia intentaban ocultar que habían ingresado previamente por Serbia, circunstancia que podría impedirles solicitar asilo en España.

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Entre los arrestados se encuentran dos presuntos líderes de la organización, acusados de delitos relacionados con pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen más implicados y posibles rutas adicionales utilizadas por la red.

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