Grupos de derechos humanos criticaron rápidamente su publicación, que se produce en un contexto en el que el gobierno de Trump intensifica su programa de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes.

“Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones”, declaró a la AFP Amérika García Grewal, codirectora de la ONG Frontera Federation, con sede en el sureño estado de Texas.

La Casa Blanca defendió la iniciativa, afirmando en un comunicado enviado a la AFP que el videojuego “resalta aún más el contraste entre una cultura ‘divertida’ y ‘del éxito’ y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos”.

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El juego, accesible en la página web oficial de la Casa Blanca, está inspirado en el clásico juego “Snake”, adoptando sus gráficos retro.

El jugador debe guiar a un personaje que representa a Tom Homan, principal asesor de inmigración del presidente Donald Trump, para reunir a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el Río Grande en la frontera con México, y deportarlas.

Otro juego publicado el jueves por la Casa Blanca consiste en construir un muro en la frontera con México, un proyecto promovido por Donald Trump, basado en los principios del famoso juego “Tetris”. El título es sugerente: “Protege la frontera de la horda que se avecina”.

“Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás”, añadió García Grewal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó recientemente un video que muestra la deportación de inmigrantes haitianos esposados, después de que Washington revocara un estatuto que les permitía permanecer legalmente en el país.

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El video, con música de fondo, fue considerado degradante y racista por los opositores a Donald Trump.

El DHS afirmó haber arrestado a una cifra récord de casi 51.000 inmigrantes indocumentados en agosto.

La estrategia de comunicación de la Casa Blanca emplea abiertamente el principio del “trolling” en las redes sociales, que consiste en difundir contenido provocador para generar indignación y lograr un efecto viral.

Por AFP

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La acusación formal contra el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representa un caso poco común en el que la administración de Donald Trump emprende acciones legales contra un agente de las fuerzas del orden.

Christian Castro, de 52 años, fue uno de los dos agentes apartados de sus funciones a principios de este año por presuntamente mentir sobre el tiroteo ocurrido el 14 de enero en Minneapolis contra Julio César Sosa-Celis, quien resultó herido en una pierna.

ProPublica, un medio de noticias sin fines de lucro, informó que los fiscales federales de Minnesota habían intentado presentar cargos por violación de derechos civiles contra Castro debido al tiroteo, pero sus esfuerzos fueron bloqueados por altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington.

En su lugar, Castro -quien ha sido suspendido por el ICE- se enfrenta al cargo federal menor de mentir a los investigadores.

También afronta cargos estatales en Minnesota relacionados con el tiroteo contra Sosa-Celis: agresión grave y denuncia falsa de un delito.

Minnesota ha solicitado la extradición de Castro desde Texas para que responda ante la justicia del estado, pero el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se ha negado hasta ahora a entregarlo.

El tiroteo contra Sosa-Celis se produjo una semana después de que un agente federal matara a tiros en Minneapolis a Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos.

La muerte de Good avivó las protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Trump.

Una segunda muerte, la del ciudadano estadounidense Alex Pretti a finales de enero, avivó el rechazo nacional ante la agresiva política de mano dura en materia de inmigración.

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Según los fiscales de Minnesota, Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda, hiriendo a Sosa-Celis en la pierna.

Inicialmente, los fiscales federales presentaron cargos por agresión contra Sosa-Celis y otro hombre, Alfredo Alejandro Aljorna, pero los retiraron después de que las pruebas en video y testigos pusieran en duda la versión de Castro sobre lo sucedido.

Por AFP

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De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte estadounidense notificó formalmente a las autoridades militares mexicanas sobre la detección e inhabilitación de los tres dispositivos.

Las intercepciones tácticas se llevaron a cabo durante las intervenciones nocturnas del martes 25 y miércoles 26 de agosto en territorio soberano estadounidense.

Los eventos se enmarcan en las denominadas operaciones “espejo” o concurrentes que ejecutan de forma coordinada las fuerzas armadas de ambas naciones a lo largo de la franja fronteriza. Estos despliegues estratégicos, iniciados el 5 de febrero de 2025, consisten en patrullajes e inspecciones de reconocimiento simultáneas donde cada país opera estrictamente dentro de su propia jurisdicción soberana con el propósito de combatir el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas y el trasiego transfronterizo de drogas.

Por su parte, la información mexicana complementa los reportes emitidos previamente por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte de Estados Unidos. Ambas entidades confirmaron que los aparatos no tripulados fueron neutralizados mediante la aplicación del sistema tecnológico Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL) del Ejército estadounidense.

La maniobra, ejecutada en las inmediaciones de la frontera entre Texas y México, representó la primera ocasión en que el gobierno norteamericano emplea esta avanzada tecnología de energía dirigida para neutralizar aeronaves no tripuladas vinculadas a grupos delictivos en su frontera sur.

El mayor general Curtis Taylor, comandante al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió que los grupos criminales recurren con frecuencia creciente a aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico clandestino de personas y vigilar las labores de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Taylor también expresó su agradecimiento por la cooperación brindada por el Ejército mexicano.

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El pronunciamiento de las autoridades mexicanas respecto a la ubicación exacta de los derribos cobra relevancia en un marco diplomático delicado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme contra cualquier intervención militar unilateral en suelo nacional, señalando que constituiría una transgresión a la soberanía, mientras respalda la cooperación bilateral con respeto a la territorialidad.

Esta coordinación en materia de seguridad se ha intensificado desde el inicio del mandato de Donald Trump en enero de 2025, ante las presiones para frenar el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo.

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De acuerdo con el proyecto publicado en el Registro Federal, el cobro se aplicará a todas las peticiones sujetas al límite anual de 85.000 visas —incluidos los 20.000 cupos destinados a posgrados— y abarcará las contrataciones realizadas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. La tasa no afectará a las renovaciones ni a los extranjeros que se encuentren en el país con visado de estudiante, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.

El DHS prevé recaudar 8.800 millones de dólares anuales. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), estos fondos servirán para autofinanciar la gestión del sistema migratorio, cubriendo operaciones de los tribunales de inmigración y de agencias como el ICE. Funcionarios y defensores de la medida, como el vicepresidente JD Vance, aseguran que la norma protegerá el mercado laboral local al incentivar a las corporaciones a capacitar y contratar mano de obra estadounidense.

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Sin embargo, el sector empresarial ha reaccionado con firmeza. La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que el costo resultará prohibitivo para pequeñas empresas y startups. Diversas organizaciones empresariales, sindicatos y varios estados preparan acciones legales contra la norma, la cual podría tardar meses en implementarse si se concreta su aprobación a finales de año.

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De acuerdo con un análisis del Pew Research Center, elaborado con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., en 2021 residían alrededor de 2,4 millones de personas de origen dominicano, una cifra que refleja el acelerado crecimiento de esta comunidad durante las últimas dos décadas.

Una comunidad en expansión

Los dominicanos constituyen el cuarto grupo hispano de mayor tamaño en Estados Unidos, empatado con los cubanos, y representan el 4% de la población hispana del país. Entre 2000 y 2021, la población de origen dominicano aumentó un 204%, al pasar de 800.000 a 2,4 millones de personas. Durante el mismo período, la población dominicana nacida en el extranjero creció un 125%, de 540.000 a 1,2 millones.

El estudio también revela que el 50% de los dominicanos residentes en Estados Unidos nacieron en el extranjero, frente al 32% del conjunto de la población hispana. Además, el 45% de los inmigrantes dominicanos lleva más de dos décadas viviendo en el país y el 55% ya obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Educación, ingresos y vivienda

En materia educativa, el 22% de los dominicanos mayores de 25 años posee al menos una licenciatura, ligeramente por encima del promedio de la población hispana, 20%. La diferencia es mayor entre quienes nacieron en Estados Unidos, ya que el 33% cuenta con un título universitario, frente al 18% de los nacidos en República Dominicana.

El ingreso personal anual medio de los dominicanos es de $30.000, el mismo promedio registrado para el conjunto de los hispanos. Entre quienes trabajan a tiempo completo durante todo el año, el ingreso promedio asciende a $40.000.

En cuanto a la pobreza, el 20% de los dominicanos vive por debajo de la línea de pobreza, frente al 18% de los hispanos en general. La propiedad de vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos: solo el 31% de los hogares dominicanos posee casa propia, muy por debajo del promedio hispano, que alcanza el 51%.

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Concentración en el noreste

La mayor parte de la población dominicana se concentra en cinco estados: Nueva York, 39%; Nueva Jersey, 15%; Florida, 12%; Massachusetts, 8%; y Pensilvania, 8%. La edad media de esta comunidad es de 30,1 años, similar a la del conjunto de los hispanos y considerablemente inferior al promedio nacional de 37,8 años.

Filadelfia gana protagonismo

Filadelfia se ha convertido en uno de los principales destinos de la inmigración dominicana. Según The Pew Charitable Trusts, en la ciudad residían 22.800 personas nacidas en la República Dominicana hasta 2022.

La destaca organización que el crecimiento sostenido de esta comunidad desde el año 2000 ha encaminado a los dominicanos a convertirse en el grupo de inmigrantes más numeroso de Filadelfia, desplazando gradualmente a otras nacionalidades históricamente predominantes.

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El grupo afectado está integrado por cuatro hombres cubanos, un ciudadano brasileño y una mujer camerunesa. Un deportado hondureño a bordo relató, bajo condición de anonimato, que estas personas rehusaron desembarcar argumentando que Liberia no era su país y que allí corrían peligro.

Meredyth Yoon, directora de litigios de Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, explicó que a los migrantes se les prometió el retorno a Estados Unidos, pero terminaron en la ciudad de Malabo. Según la abogada, la llegada se produjo en medio de escenas caóticas y de extrema angustia, con varios de ellos encadenados. Entre los afectados figura un hombre cubano con problemas de salud que requiere el uso de una bolsa de colostomía.

Actualmente, los seis permanecen retenidos en un hotel propiedad de la familia del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, junto a otros 40 migrantes.

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Defensores de derechos humanos han denunciado el empeoramiento de las condiciones en el recinto, señalando falta de atención médica, restricciones de alimentos y presuntos abusos por parte de los guardias.

La práctica de trasladar solicitantes de asilo a terceros países mediante convenios millonarios continúa generando duras críticas por parte de abogados de inmigración.

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“Estamos colaborando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró a la AFP el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmando informaciones de prensa.

“Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación”, agregó Pigott.

La Casa Blanca dio a entender en una publicación en X que “hasta 200.000 visas” se verían afectadas y afirmó que sería la “mayor revocación masiva de visas de la historia”.

El Departamento de Estado no ha confirmado esta cifra, pero tampoco la ha desmentido. Subrayó que el proceso se llevará a cabo “de manera progresiva”.

A comienzos de agosto, el Departamento de Estado anunció que, desde el regreso al poder de Donald Trump en enero de 2025, a unos 175.000 extranjeros les fueron revocadas sus visas por motivos tan diversos como actividades delictivas, infracciones a la ley como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, o incluso por haber “celebrado” el asesinato del conservador Charlie Kirk.

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Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad y ha expulsando masivamente a inmigrantes en situación irregular.

También ha restringido de manera amplia la entrada legal de ciudadanos extranjeros.

Por AFP

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El mandatario derechista llegó al poder el 7 de agosto con una agenda de línea dura que quedó en pausa tras un potente terremoto que dejó más de 300 muertos, miles de viviendas destruidas y regiones enteras en emergencia.

Durante un consejo de seguridad el domingo el mandatario dio la instrucción de identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos, según un video difundido en medios locales el lunes.

“La orden a Migración es clara (….) primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, dijo desde Barranquilla (norte), que considera su casa y donde estableció una sede presidencial alterna a la de Bogotá.

“No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo lo colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, añadió.

Migración venezolana

Colombia ha sido en la última década el principal destino del éxodo de venezolanos que huyen de la crisis en su país.

Según la autoridad migratoria 2,8 millones de migrantes venezolanos vivían en Colombia hasta junio de este año.

De ellos, más de 527.000 están en situación irregular.

Tradicionalmente la derecha colombiana promovió políticas de acogida para la diáspora venezolana con un discurso fuerte contra el chavismo.

Pero De la Espriella se ha hechoeco del lema “Primero Estados Unidos” (America First) del presidente Donald Trump, de quien es un ferviente admirador.

“¡Deportados! Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar a migrantes ilegales, de donde sea que vengan”, dijo el presidente.

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“Es una decisión política y yo la asumo. Es una decisión administrativa y yo la asumo”, añadió.

Atravesado por seis décadas de conflicto armado, Colombia no ha tenido tradición de recibir migrantes, sino más bien ha visto escapar a millones de la violencia y la pobreza hacia Estados Unidos, España y otros países.

Por AFP

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El primer vuelo de deportación aterrizó en suelo liberiano con una veintena de personas a bordo. Aunque el Departamento de Estado de EE.UU. no precisó las nacionalidades del grupo inicial, el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, confirmó a la agencia Reuters la procedencia de los trasladados.

“La mayor parte de la gente que recibiremos viene de países de América Latina. Algunos son venezolanos, cubanos, colombianos, y de otros países”, declaró Piah.

Los detalles del acuerdo entre EEUU y Liberia

Compromiso de recepción: Liberia acogerá hasta 1.200 migrantes deportados desde territorio estadounidense en el plazo de un año.

Financiamiento: Aunque Liberia aseguró no exigir compensaciones por acoger a los trasladados, Estados Unidos otorgó 5 millones de dólares destinados a “actividades de gestión migratoria”.

Estatus de los deportados: Piah afirmó que las personas serán recibidas «con plena hospitalidad» en calidad de huéspedes, sin sujetarse a retención alguna. Tendrán libertad de abandonar el país cuando lo deseen o de solicitar asilo en territorio liberiano.

Apoyo internacional: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contribuirán en la atención de los deportados.

El marco legal

En la mayoría de los casos, los deportados de terceros países obtuvieron previamente protección legal contra la repatriación directa, luego de que jueces de inmigración de EE.UU. dictaminaran que corrían riesgo de sufrir torturas o abusos en sus naciones de origen.

Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido en el verano de 2025 autorizó la expulsión de inmigrantes y solicitantes de asilo hacia naciones con las que no tengan vínculos personales, familiares o culturales, siempre que sean considerados “terceros países seguros”.

Esta norma habilita al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a coordinar estas deportaciones con tan solo seis horas de antelación y sin nuevos procedimientos, bajo la condición de que el país receptor garantice no someter al expulsado a torturas ni persecución.

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Además de Liberia, la administración estadounidense ha concretado acuerdos similares para la recepción de deportados con países como la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Camerún, Ghana, Sierra Leona, El Salvador, Esuatini, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur.

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En su fallo, Jeannette Vargas, de un tribunal de New York, declaró que la política era “contraria a la ley” y que excedía la “autoridad legal” del secretario de Estado, Marco Rubio.

La medida, vigente desde el 21 de enero, suspendía la tramitación de visas de inmigrante, a diferencia de las visas de no inmigrante que permiten la entrada temporal al país, y afectaba, entre otras, a las solicitudes de ciudadanos de Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

El Departamento de Estado había justificado la decisión alegando que los inmigrantes de estos países representaban “un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”.

Sin embargo, Vargas dictaminó que se había ordenado indebidamente a los funcionarios consulares denegar visas basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando se había determinado que éste cumplía con los demás requisitos.

El fallo emitido el viernes revoca cualquier denegación de visa basada únicamente en esta política.

El gobierno puede apelar la decisión judicial.

Desde su regreso al poder, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también ha restringido significativamente la entrada legal de extranjeros.

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Varias de sus medidas más emblemáticas han sido anuladas por los tribunales.

A principios de junio, un juez federal anuló la tasa de 100.000 dólares para las visas de trabajo, comúnmente utilizadas en el sector tecnológico.

A finales de junio, la Corte Suprema anuló un decreto emitido por Trump el primer día de su segundo mandato que eliminaba la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, con el objetivo de acabar con lo que él consideraba un incentivo para la inmigración ilegal.

Por AFP

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